Voces

sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 04:02

Masas de agosto y voto de octubre

/ 26 de octubre de 2020 / 02:25

Mucho antes de que naciera el sol, nacieron los Uru-Chipaya, ícono de una de las culturas originarias más antiguas de América Latina. Salieron ilesos de la arremetida cultural desde los incas hasta la colonia española. Síntesis del Estado Plurinacional. Allí, un reportaje gráfico, el día de las elecciones, registra ciudadanos con sus trajes típicos solo para fechas especiales, emitiendo su voto. Ellos sintetizan lo nacional-popular que apostó a las elecciones para recuperar la democracia desportillada desde el golpe de Estado de 2019.

René Zavaleta hablaba que la crisis y el acto electoral son dos formas de revelación de lo social y lo político. Ambas, son intensas y movimientos estructurales como moleculares de la sociedad abigarrada boliviana. En efecto, para comprender la coyuntura política ambas formas se imbrican.

Hace un año, como parte de una cruzada conspirativa antes de las elecciones y posteriormente urdiendo el discurso del fraude electoral y la defensa de la democracia y, a la vez, azuzando el odio de la clase media urbana, protagonizaron una movilización para forzar la renuncia presidencial de Evo Morales con el auxilio de un motín policial y la renuncia de una autoridad castrense devino en un golpe de Estado posesionando a Jeanine Áñez como presidenta transitoria, que a los pocos días perpetró masacres contra indígenas/campesinos. Posteriormente, el gobierno de Áñez se tiñó de un autoritarismo atroz con persecuciones políticas y judiciales.

La pandemia posibilitó que este gobierno se sumergiera en un pantanal de corrupción. Con el saqueo de los recursos naturales y acompañada con un discurso del miedo para provocar zozobra en los sectores sociales articulados a lo nacional-popular. Un sometimiento a los rectores impuestos por el gobierno norteamericano. Todo ello mermó significativamente el proyecto de restauración oligárquica/conservadora en curso.

Mientras tanto, después de una perplejidad inicial, lo nacional-popular organizó la resistencia al golpe de Estado, que sirvió para recuperar el ajayu del Movimiento Al Socialismo- Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). En efecto, esa mística eclipsada por la burocratización partidaria fue recuperada en el curso del interregno autoritario del gobierno de Áñez.

Quizás, el momento decisivo de las movilizaciones de lo nacional-popular fue en agosto. Allí, las masas de agosto —parangón a lo que Zavaleta denominó las masas de noviembre de 1979 para dar cuenta de la autodeterminación de las masas para abortar el golpe de Estado de Alberto Natusch—, con su movilización lograron blindar la fecha para las elecciones que inclusive fue leída equivocadamente por muchos analistas políticos, anunciando el declive de la hegemonía del MAS-IPSP y, por lo tanto, vislumbraban, una vez más, la derrota de lo nacional-popular. En esa lectura miope, no preveían el potencial democratizador y la advertencia del “cuarto intermedio” fue factor decisivo para bajar las ínfulas de sectores propensos a la ruptura constitucional abonando el decurso democrático.  

Entonces, los ecos de las masas de agosto movilizadas ondeando wiphalas, esgrimiendo el discurso democrático —en 2019 fue usado por la clase media movilizada—, se tradujo en la victoria electoral del 18 de octubre de 2020. Quizás, lo más importante de la diferencia electoral amplia obtenida por el MAS-IPSP despejó cualquier tentación de prorroguismo golpista o fraude electoral. Así se recuperó la democracia.

Yuri Tórrez es sociólogo.

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La pandemia en el sistema educativo

/ 27 de noviembre de 2020 / 01:26

La pandemia es una disrupción de tal magnitud que alteró la vida de las personas, sociedad y madre tierra. En educación, visibilizó con mayor “crudeza” los problemas estructurales del sector, los agravó y dio origen a otras problemáticas.

La pandemia “ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según UNESCO, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe…”  (CEPAL, UNESCO 2020). La solución fue “quédate en casa” y con ella “aprendizaje a distancia” en y fuera de línea. En Bolivia se denominó “educación virtual”, aunque también se anunció la “educación a distancia”.

La emergencia puso en aprietos a gobernantes y a toda la población. En medio de todo este panorama, se pusieron de moda aplicaciones y plataformas como WhatsApp, Classroom, Zoom, Meed, etc., a la par de las acciones de organismos internacionales y empresas de telecomunicaciones. Con el propósito de sostener la realización de actividades educativas a como dé lugar antes de la clausura del año escolar, las autoridades educativas dispusieron que maestros, estudiantes, madres y padres de familia, “corran a la ferretería” (en sentido figurado) para conseguir instrumentos que permitan la realización de “clases virtuales”, solución necesaria pero no suficiente. La cuestión va más allá de una transición casi mecánica de educación presencial a educación a distancia, pone, una vez más, en debate lo que entendemos por educación.

Para el desarrollo de la educación a distancia en línea, como punto de partida, corresponde asegurar: disponibilidad y buen funcionamiento de los dispositivos, teléfono celular, tableta y/o computadora; accesibilidad a la red de internet con suficiente capacidad, así como a las aplicaciones y plataformas; clara definición, el conocimiento y buen desarrollo de la metodología de uso de las TIC en educación; establecimiento de condiciones materiales similares para llevar a cabo actividades educativas virtuales y relaciones adecuadas entre los actores de los procesos educativos. En la práctica, ninguno de estos factores fue debidamente atendido para sustituir adecuadamente a la educación presencial. Es más, según el estudio citado, los supuestos “nativos digitales” —principalmente jóvenes y en algunos casos docentes — carecían de experiencia para el desarrollo de procesos educativos en línea; si bien hacen uso intensivo de las TIC, en la mayoría de los casos se restringe a “bajar información” genérica, comunicación entre estudiantes y de ellos con sus docentes, redactar documentos a título de hacer tareas o informes, o sea, no desarrollan actividades propiamente educativas.

No existen condiciones materiales y metodológicas, ni tampoco formación y experiencia suficientes para el desarrollo de la educación virtual. También es llamativo que, siendo un área de tantos avances, no se haya profundizado la educación a distancia fuera de línea como los impresos, la radio y televisión, los videos, etc. Además, no se elaboró un plan nacional para la implementación de la educación virtual.

Lo más importante, no se tomó en cuenta que la educación virtual supone cambios substanciales en los procesos educativos, como el manejo del tiempo y espacio, así como la comunicación y las relaciones. En el fondo, supone revisar la concepción y el sentido de la educación, así como la pedagogía, didáctica y metodología.

La educación es un hecho social y cultural; no es simplemente “enseñanza-aprendizaje”, es convivencia personal. Es un hecho profundamente humano y debería generar una opción ética de transformación. La educación no es “deseabilidad social”, es un derecho fundamental, por lo tanto es de calidad y pertinencia para todas y todos, a lo largo y ancho de la vida. No se trata solo de la transmisión ni acumulación de conocimientos, afecta a la formación integral de los seres humanos. Si es así, la educación por naturaleza es presencial y vivencial. Las otras modalidades de educación, principalmente la educación a distancia con el uso de TIC es complementaria. No se propone prescindir de la tecnología, se trata de ser coherente con la naturaleza de la educación.

Tomando las palabras de Saskia Sassen, neerlandesa, socióloga, hay que “Recuperar lo que hemos destruido”. Es tiempo de re-pensar en un nuevo modelo de vida, en otro modelo civilizatorio que redefina qué sociedad, qué Estado, qué economía. En cuanto al sector precisamos reconstruir la educación, repensar los proyectos educativos. Requerimos fortalecer el desarrollo de la educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Una educación pública con calidad y pertenencia, presencial y vivencial, en la que la educación a distancia en o sin línea sea complementaria.

Largo y urgente trecho por caminar…

Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.

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Definiciones en la transición

/ 27 de noviembre de 2020 / 01:23

Toda transición política tiene sus matices de percepción según sea el punto de vista desde el que se analice; aunque el último cambio político suena más a retorno que a transición, ya se aprecian tintes autoritarios, de venganza en algunos casos y también de imposición de autoridades por los grupos corporativos de toda laya que no tardan en reaparecer cuando la oportunidad se presenta. Sin entrar en estos detalles, que escapan del alcance de esta columna, me llamó la atención la perspectiva variopinta que tiene la gente sobre la reactivación del sector productivo minero e industrial del país, que va desde mantener la preponderancia de la minería artesanal e informal como protagonista de primera línea, ignorar al sector privado manteniendo la camisa de fuerza que le impide aportar más al desarrollo de la minería mediana y de gran escala, mantener la expectativa en antiguos distritos ya casi marginales como Huanuni, Karachipampa, Corocoro o Telamayu, hasta proponer un Ministerio del Litio para reactivar el proyecto de Uyuni (Nota en El Financiero de La Razón del 22.11.20). Todo comprensible desde el punto de vista político pero incoherente, para decir lo menos, desde el punto de vista técnico.

Como reitero en mis escritos, la tarea principal ahora es definir si se quiere hacer minería moderna, de clase mundial, amigable con el medioambiente y que genere excedentes para el Estado y para los operadores o se quiere fomentar la minería tradicional que genera empleo a un alto costo ambiental y económico para el Estado y en el caso del oro se da un mix un poco raro pero efectivo de grupos corporativos que se aprovechan de la informalidad y/o ilegalidad para amasar fortunas en detrimento de los intereses del Estado. Hay una tercera posición obviamente, la de los grupos antiminería que tienen hoy la posibilidad de demostrar que la transición hacia una economía verde en el país es factible sin el sector extractivista (minería e hidrocarburos). Tomada la definición hay protocolos a seguir, áreas y proyectos potenciales a desarrollar, tecnologías a las que se puede acceder y personal idóneo para manejar los emprendimientos.

Otra definición necesaria, ¿seguiremos dependiendo de la inversión estatal en minería como hasta ahora o se abrirán accesos al capital privado nacional y extranjero para nuevos proyectos mineros e industriales? Hay que modificar la Constitución y las leyes sectoriales para viabilizar la segunda opción.

También es necesario definir si proyectos como la producción de hierro y acero del Mutún o la extracción e industrialización de sales de litio, potasio, boro, etc., al grado de productos intermedios y finales (v.g. cátodos y baterías de uso múltiple en el caso del litio) son objetivos políticos a conseguir a toda costa, o se pretende viabilizar proyectos competitivos en el ámbito global. Para lo último, es necesario “medir” en cada etapa la viabilidad de cada uno de ellos a nivel de Evaluación Técnica Preliminar, Pre factibilidad, hasta llegar a su Factibilidad Final (PEA, PFS, FFS por sus siglas en ingles); no estamos acostumbrados a estas delicadeces pero ya va siendo hora de un manejo adecuado de la inversión, más aún de aquella proveniente de las arcas del Estado. Así evitaríamos generar elefantes blancos o proyectos de muy baja competitividad como es el caso de la actual planta piloto de carbonato de litio, que tiene una recuperación del 18% y tendría que competir con un nivel tecnológico de última generación en proyectos similares en curso en Chile y Argentina, que tienen recuperaciones mayores al 90%, costos muy bajos y mínima afectación del entorno hidrológico de los salares. Y podemos seguir.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.

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Jóvenes, partícipes del mañana

/ 27 de noviembre de 2020 / 01:21

En estos últimos tiempos llegó el momento en que se incluya a los jóvenes para encaminar al país. Tanto es así que la mayoría de los ministros son supuestamente profesionales jóvenes que además de tener ese reto, crean la expectativa sobre cómo trabajarán en momentos tan difíciles para la nación.

Esta situación nos lleva a recordar el lenguaje kantiano que se acerca a una relación entre el tiempo y la subjetividad. Por tanto, a la forma del sentido íntimo entre los hechos; en este caso, la visión de la mirada de un futuro y los ideales que lo sustenten. En definitiva, un criterio de conocimiento intersubjetivo, pero que integre las distintas experiencias en una especie de movimiento que no solo busque edificar un país, sino que el cruce de sus fuerzas e ideales sea capaz de llevar a transitar el futuro dentro de la nueva visión contemporánea.

Por tanto, la política en Bolivia si bien no ha dejado de tener la importancia del pasado, hoy requiere de nuevos aportes para dirigir la nación a un nuevo rumbo por dónde transitar.

Experiencia que recuerda, por ejemplo, un pasado político cuya juventud de los años 70 tuvo la visión de perseguir ideales de transformación en casi todos los países de la región paralelamente. Una respuesta a la política impositiva, dominante, insensible que se imponía en Latinoamérica en ese entonces. Los ideales de vanguardia se convirtieron en una especie de vacuidad retórica que llevó a enfrentamientos debido a que aquellos jóvenes ansiaban “igualdad para todos”. Aquel pensamiento del “otro” trajo consigo confrontaciones, prisión, entre otras consecuencias.

De cualquier forma, fueron momentos sustanciales cuyo significado humano se convirtió en preponderante y fue la sociedad esencialmente joven que no solo demostró la importancia de ese tiempo y lo mejor no estuvo enmarcada en el acuñar intereses personales, sino fue el empuje de la fuerza de sus ideales la que los empujó al enfrentamiento en busca de un futuro democrático.

Posteriormente, después de varias rupturas sociales, esa misma expoblación joven ingresó a la época tecnológica, dando así los primeros pasos en la era de la información del siglo XXI.

Lo significante fue lograr dos importantes marcajes para la historia. El primero, en momentos de descalificaciones globales se logró construir ideales y demostrar que se comprendieron los efectos de la práctica del poder duro. El segundo, se consiguió —como aseveró Castells refiriéndose a las ciudades— que esos movimientos sociales latinoamericanos de los 70 fueron la base para las transformaciones decisivas del siglo XX por su claridad conceptual.

Cabe destacar que en la actualidad pareciera que todo cambio como la pandemia es el medio de demostración de la necesidad de transformación de las ciudades para lograr una mejor calidad de vida.

Independientemente de ello y en consideración a las revueltas de los 70 del siglo XX, el tiempo permitió a aquellos idealistas del ayer lograr una especie de ampliación del tiempo de vida productiva intelectual, la cual se evidencia en una vasta producción teórica plasmada en libros y otros documentos.

En ese sentido, la creatividad no ha dejado de existir, menos la rebeldía o la claridad sobre el país que deseamos heredar. Este hecho sucederá siempre que este acompañado de importantes significaciones.

Parece prudente por tanto reiterar que la creatividad se ha convertido en la fuente productiva de cualquier hecho, cuyo potencial debiera ser aprovechado por todos aquellos que están a cargo de dirigir gestiones innovadoras e imaginativas, para que haya la posibilidad de llevar a Bolivia a dar un giro enriquecedor acompañado por las concepciones que exigen los nuevos tiempos.

Patricia Vargas es arquitecta.

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La riqueza de la Chiquitanía

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/ 25 de noviembre de 2020 / 06:47

Los últimos años el fuego puso en el mapa las tierras bajas del país y en especial a la Chiquitanía. De todas partes del país se preocuparon y movilizaron para alertar sobre el problema de los incendios y tratar de combatirlos. Y no es para menos, de acuerdo con los datos registrados por SATRIFO, Sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales, el año pasado se quemaron 1,5 millones de hectáreas de bosques y este año se quemaron 600.000 hectáreas de bosques en todo el país.

Al mismo tiempo, menos visibles, están los números que reflejan la gran riqueza natural y cultural de la Chiquitanía. Estudios botánicos han registrado 2.843 especies de plantas útiles que crecen sin ser sembradas. Gracias al conocimiento tradicional pasado de generación en generación, y poco a poco registrado de manera formal, se conoce las propiedades de estas plantas, que así pueden ser usadas para alimentos, medicina y varios otros usos.

La abundancia de varias de estas plantas abre la oportunidad a que, además del consumo local, haya un consumo comercial con prácticas sustentables que cuiden el bosque, generen ingresos a las comunidades rurales y beneficien al público en general haciendo posible que puedan acceder a las propiedades beneficiosas de estas plantas. Con base en las propiedades conocidas, emprendedores bolivianos están sumando sus conocimientos y experiencia para aprovechar estas plantas del bosque y generar más y nuevos productos. Algunos ejemplos son la almendra chiquitana, el aceite de cusi y la oleorresina de copaibo.

La almendra chiquitana, producida por árboles de porte pequeño, es consumida por las comunidades por su sabor agradable. Estudios de su composición revelan que es una de las almendras más nutritivas, ya que tiene una alta proporción de proteínas y antioxidantes. Así, esta almendra se la vende tostada con sal o también confitada, y puede ser usada en refrescos, en leches vegetales, en granolas e incluso galletas.

Se conoce tradicionalmente que se puede extraer aceite de los frutos de la palmera de cusi y usarlo para el cuidado del cabello. Las nuevas iniciativas han mejorado el proceso de extracción preservando mejor las propiedades, generando el aceite virgen de cusi. Por sus características humectantes y nutritivas, este aceite es usado en champús, jabones de tocador e incluso en máscara para pestañas.

El copaibo es un árbol de porte alto que produce en su tronco una oleorresina. La oleorresina de copaibo tradicionalmente ha sido utilizada en la Chiquitanía para curar heridas por sus propiedades cicatrizantes y desinflamantes. Estudios más detallados del copaibo han permitido desarrollar productos para usos no conocidos, como las lociones repelentes de mosquitos.

La riqueza de la Chiquitanía es inmensa. Sus áreas naturales y su gente brindan productos y conocimientos ancestrales que están generando trabajo, y que pueden desarrollar productos naturales que contaminen menos y beneficien más a la población boliviana. Podemos darles la mano y caminar juntos hacia un futuro más sostenible para todos.

Ruth Delgado es gerente de Proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

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Las muertes de 2019 no son ‘narrativas’

/ 25 de noviembre de 2020 / 06:45

Lo hemos seguido de cerca, por el testimonio de las víctimas, la crudeza de las muertes y el reporte de los periodistas, aunque escaso (amerita un gran debate sobre esto): en Sacaba y Senkata hubo hechos fácticos, no narrativas.

Hay centenares de testimonios y documentos compilados en informes de instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos: Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, Clínica de Derechos Humanos de Harvard, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su informe preliminar —rechazado por el gobierno de Jeanine Áñez— llamó a los hechos masacres.

Esos informes coinciden en que en Sacaba y Senkata, además de otros puntos de conflicto y de movilización en noviembre de 2019, hubo graves violaciones de derechos humanos y que la represión policial-militar terminó con decenas de fallecidos.

La Defensoría del Pueblo, en su informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos octubre-noviembre 2019, encontró que de las 37 muertes ocurridas en los conflictos poselectorales 27 fueron por impacto de bala, la mayoría de ellas en Sacaba, Senkata y La Paz.

La comisión mixta de la Asamblea Legislativa recibió un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que certificó que las muertes fueron a causa de impactos de bala de armamento de reglamento policial o militar. Las fotografías mostradas en su momento testifican el uso de, por ejemplo, ametralladoras y fusiles automáticos livianos (FAL).

Además, algunos de los heridos aún mantenían en sus cuerpos balas de reglamento.

Esos elementos no son una narrativa, son hechos que ocurrieron “de verdad”. Los testimonios de las familias así lo certifican.

Menospreciar esa tragedia humana es revictimizar a quienes sufrieron la muerte o lloran la ausencia de sus seres queridos. Es naturalizar la cruel acción del Estado sobre el derecho a la vida de las personas y criminalizar el derecho a la libre movilización.

Para quienes no quieren diferenciar hechos de las narrativas, valgan estos cuestionamientos: ¿Con qué fin fue promulgado el Decreto Supremo 4078 si militares y policías no iban a usar armas letales? ¿Cómo es posible que en el “enfrentamiento” solo hayan habido civiles muertos y militares o policías ni rasguñados? ¿Eran terroristas los movilizados?

La narrativa de los sucesos la instaló el gobierno de Jeanine Áñez. Narrativa es decir que los movilizados se mataron entre sí, como señaló insistentemente el exministro de Gobierno ahora prófugo Arturo Murillo.

Narrativa es decir que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo proyectil, como dijo también de forma persistente el exministro de Defensa Luis Fernando López. Fotografías muestran a militares disparando FAL y desde los camiones de asalto, ametralladoras.

Narrativa es decir que los movilizados eran sediciosos o terroristas.

Narrativa es decir que los vecinos movilizados tenían el plan de “volar” a dinamitazos la planta de Senkata y con esa acción “matar” a alteños en un gigantesco radio.  Y es una falsedad que el muro de la planta haya sido derribado a dinamitazos (hay videos de esa acción perpetrada a empujones).

Narrativa es que con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía se “pacificó” el país, como repetía Áñez.

Narrativa es ignorar todos esos informes creyendo que no tocan otras muertes. La diferencia de las muertes en Sacaba, Senkata y el sur de La Paz fueron por la intervención de fuerzas del Estado, no por civiles. Al final, esas muertes también fueron investigadas y los culpables merecen también la sanción.

Rubén Atahuichi es periodista.

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