Voces

jueves 3 dic 2020 | Actualizado a 13:05

Una derrota como ‘never in the life’ (*)

/ 24 de octubre de 2020 / 04:27

El desconocimiento al resultado de un referéndum (21 de febrero de 2016), la habilitación forzada de Evo Morales a la repostulación presidencial a través del Tribunal Constitucional aduciendo candidatura como derecho humano y la conducta fraudulenta de vocales del Tribunal Supremo Electoral suspendiendo y rehabilitando arbitrariamente el conteo rápido no oficial —que no equivale a un fraude comprobado— dieron lugar al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, iniciado por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, gracias al precipitado pronunciamiento de la comisión de observadores de la OEA que cantaron “inexplicable cambio de tendencia en el escrutinio” cuando el TREP fue injustificadamente interrumpido y repuesto entre el 20 y el 21 de octubre.

Los autores del golpe son, por orden de actuación, detrás de Mesa, Luis Fernando Camacho, entonces al mando del Comité Cívico Pro Santa Cruz; los jefes policiales amotinados en las capitales de departamento; el Alto Mando Militar que le “sugirió” renunciar a Evo Morales a través del Gral. Williams Kaliman, comandante en Jefe; Jorge Quiroga junto con su abogado Luis Vásquez Villamor, coordinadores de acciones logístico jurídicas para que el depuesto presidente pudiera salir del país y Jeanine Áñez accediera a la silla por la vía de una sucesión que no le corresponde (artículos 169 y 170 de la Constitución Política); un poco más atrás, el senador de Demócratas Óscar Ortíz; el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y la participación injerencista de los embajadores de la Unión Europea, León de la Torre, y de la República Federativa del Brasil, Octavio Henrique Díaz, así como la de monseñor Eugenio Scarpellini (QDDG), en representación de la sacrosanta y siempre entrometida Iglesia católica, autonombrada para participar en asuntos terrenales de orden político.

Estos mismos actores saltaron al escenario electoral previsto para este 2020, con un candidato que presentaba síntomas de hipocondria, temeroso de salir de casa para hacer campaña cuando la pandemia lo permitía; el otro georeferenciandosé como nuevo libertador desde Santa Cruz de la Sierra, y en tercer lugar el heredero del dictador Banzer, nombrado en primera instancia embajador para explicarle a la comunidad internacional lo sucedido en Bolivia, para más tarde convertirse en candidato (Libre 21) que hizo de la adjetivación sin pausa contra el MAS y sus candidatos, su intento por trascender ese 1% de las encuestas que le aconsejaban que se bajara para que el papelón no fuera mayúsculo.

En el primer escenario, en aquél que pudieron haber acomodado las piezas desparramadas del rompecabezas, la comedia de equívocos dio inicio cuando Áñez decidió descaderar a quienes la hicieron presidenta, lanzándose a la candidatura de una alianza creada al vuelo —Juntos—,  decisión cuestionada hasta por antiestética, en momentos en que el coronavirus se convertía en el dispositivo de control sanitario y psicológico del país, con patrullas de uniformados con trajes de camuflaje transitando las calles desiertas de las ciudades y el ministro de Gobierno, que se pasó el año entero amenazando y pronunciando ultimátums —hasta carcomer su ilegítima base de sustentación—, instruyendo investigaciones para perseguir a militantes y a expersoneros gubernamentales de la última administración masista. Y así llegamos, luego de tres diferimientos con olor a prorroguismo, al 18 de octubre que convirtió la demagógica frase de que un año atrás se había producido en Bolivia un fraude “monumental”, en una derrota como never in the life por la falta de lectura actualizada de lo que es hoy el país, a partir de la negación de ese sujeto histórico denominado indígena originario campesino, núcleo de imbatibilidad electoral, ahora sin Evo Morales en la papeleta.

Además de unos estrategas desangelados y miopes, hay que apuntar en el coro desafinado de activistas que creían saber cómo hacer para evitar el retorno del partido azul; al oportunista de Puebla, desempolvando sus archivos para recordarnos que alguna vez dijo que David Choquehuanca es un “buen tipo” y al redactor paraestatal de una burbuja digital que en lugar de denunciar internacionalmente el violentamiento y la interrupción de nuestro Estado de derecho, no tuvo mejor idea que jugar a persecutor mediático publicando fotos de algún colega “zurdo”, como diría Arturo Murillo, casi invitando al linchamiento: Esa es la estruendosa “independencia” periodística de quienes juegan con la ventaja de las bayonetas auspiciando sus palabras. Son tan culpables de este nuevo fracaso de la derecha, como los candidatos a los que alentaron.

En el contexto masista del pasado reciente, es bueno precisar que es el momento del no retorno de aquel ministro que torpedeó el nuevo Código Penal desde dentro porque no lo había hecho él, poniéndole palos a la rueda a sus compañeros asambleistas. Ni hablar de ese otro ministro saliente, que junto con su sustituta esperaban en plan emboscada en una vagoneta al dirigente del Chapare Andrónico Rodríguez en el aeropuerto de El Alto, con el propósito de conducirlo a una reunión con los golpistas para firmar la “pacificación” nacional. Es hora de que quienes convencieron a Evo de su inmortalidad, queden, como corresponde, al costado del camino, sin perder la oportunidad de hacer silencio para que el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos pueda demostrarse a sí mismo y a todo el país, que trascender al líder histórico es continuar en las grandes batallas, desde la Bolivia profunda, esa a la que se niegan a viajar los que creen que para hacer campaña, la realidad se puede monitorear exclusivamente desde un escritorio.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

 (*) Never in the life, frase utilizada por el candidato de Comunidad Ciudadana en el debate auspiciado por la FAN y la CUB el sábado 3 de octubre.

Damos la bienvenida al periodista Julio Peñaloza Bretel como columnista de La Razón, e invitamos a leer un conjunto de artículos suyos referidos a la persecución política en el país que publicamos en el suplemento Animal Político de nuestras ediciones dominicales.

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Di-ego (Cuento argentino)

En realidad el Diego son todos y por eso le profesan idolatría, porque bien adentro tienen muy metido eso de amar al prójimo como a uno mismo.

Foto: AFP

/ 25 de noviembre de 2020 / 17:54

A la mañana del domingo, el Diego se despereza y se levanta con la remera blanca raída y ostensiblemente agujereada debajo del ombligo, boquete que enfatiza lo grotesco de su barriga. Lleva una resaca del carajo, pero de todas formas rengo como está, brinca al patio de la casa alrededor del que viven sus diez hermanos y cruza en diagonal para meterse a la ducha, porque son las únicas horas de que dispone en la semana para salir a caminar con su mujer Claudia, pintada de Evita ella y sus tres hijos y su hija que patalea en el cochecito azul y amarillo a cuatro meses de haber nacido.

Sale de la ducha el Diego y va para el cuarto en el que hay una silla con una montaña de ropa, la cama todavía desecha, un ropero con espejo en un lado y en el otro no, y un pantalla plana de 50 pulgadas de buena marca para poder mirar el fútbol de los domingos cuando a la cancha no se puede ir porque Boca juega de visitante.

Encima de la tele hay una Virgen de Luján y en la pared a lado de la puerta de la habitación color turquesa está la foto de ese Boca Juniors en el que jugaban Roma, Rattin y el fachero de Marzolini, para más datos en la casa todos son bosteros, excepto dos de los hermanos que se hicieron de Argentinos desde que vieron a un chico de dieciséis hacer malabarismos con la pelota en ese grupo que dirigía un tal Francisco Cornejo llamado los Cebollitas.

A las 11.30 de la mañana, a Diego le retumba la cabeza y cojea porque en el picado del día anterior, uno de sus compañeros de obra con el que se encuentra de lunes a viernes le puso la pierna fuerte, cosa que lo precipitó contra el piso cayendo mal, torciéndose el tobillo y volviendo a lastimarse esos meniscos que parecen de futbolista metido a profesional de primera división.

Así, cojo, gordo, demacrado, con cara de haberse tomado hasta el pulso en el bar del Guille la noche anterior, la familia encabezada por el Diego comienza la caminata todos en sandalias y bermudas con destino al centro de abasto del barrio, donde la vida es más barata, por más trucha y brillosa que sea la oferta.

Es una familia pobre, pero muy normalmente pobre la del Diego. Cuando hay de sobra es para chupar y alguna vez para comprarles zapatos a los chicos de los que destaca Huguito, el mayor que con doce años vive con las ganas de llegar algún día a la Bombonera para ver jugar a Román que también ha salido de uno de esos barrios jodidos —Don Torcuato — en el que los chicos jugaban por plata, algunos de ellos bien provistos de cortaplumas y otras puntas por si las moscas y si alguno de los pendejos del equipo rival quisiera pasarse de vivo a la hora de honrar los compromisos. Huguito quiere ser como Román porque Román aparte de saber tanto con la pelota, sabe sin ella, sabe con los suyos que el amor y la unión completan la fuerza que a uno le puede infundir el hecho de ser un tipo querido por la tribuna.

La Claudia es una buena madre que putea mucho con su marido cuando éste llega al día siguiente, que aparte de frustrarle el mañanero después de su último embarazo, le cae encima aplastándola en el vano intento después de tantas horas de meterle a la botella junto a sus gomías de obra en el bar del Guille, muchas veces amenazados por los revoloteos de algunas minas que fracasan en los coqueteos en pos de convencer a estos albañiles a los que solo les alcanza para la farra, pero jamás para intentar, además de chupar, uno de esos polvos que para sus bolsillos resultan prácticamente inaplicables. Eso sí, cuando alguna vez aparece la Soledad, el Diego se hecha una escapada al albergue transitorio más cercano porque como es amiga de añadas, la cogida es gratis aunque deba ser rápida, ella de cuatro, él de rodillas mirando al cielo.

El Diego no es buen marido pero tampoco malo, no es mal padre pero de ninguna manera excelente. Es un villero que no pierde de vista que lo primero es parar la olla, que si en otros tiempos su mujer tenía una cintura de avispa y se meneaba en los galpones donde retumbaba la música de Gilda, no había más que seguirla porque gracias a tanto sacudón le llegaron dos hijos al hilo, menos la última que debe su existencia a un globo pinchado. Los otros hijos del Diego y la Santa Claudia que se volvió santa luego de dejar la bailanta, se llaman René y Ricardo, el primero en homenaje al Loco Houseman y el segundo a Bochini, el ídolo de siempre del Diego, aunque el petiso 10 nunca haya cambiado la camiseta del rojo de Avellaneda. René tiene once años y Ricardo diez, también son boquenses pero todavía no se desesperan como el mayor, Hugo, por correr a la cancha porque prefieren ser ellos los que pateen pelota en la calle sin salida donde se sitúa la casa en la que además viven, en cuartitos de a cinco, sus diez tíos, estudiantes, plomeros y dos taxistas, y uno que se fue a probar a las infantiles de Argentinos.

Uno se pregunta si la vida del Diego y los suyos es vida, si las aspiraciones son asunto hace tiempo archivado por las urgencias, si jugar al fútbol con grados distintos de interés o ilusionarse con los domingos de campeonato no es otra cosa que un permanente pasaje de ida en el vagón de la sobrevivencia sin otra chance que procurar algún evento circunstancial y extra-ordinario para hacerle el quite al aburrimiento de todos los días, por más que haya fútbol y cuando la tele está encendida poder observar al astro que todo lo tiene y se pavonea por el mundo junto a íconos de la política o del espectáculo, exhibiéndose con unos lentes de contacto azules sin que le preocupe cuan negro y petiso es en verdad.

El Diego es y no es el Diego al mismo tiempo. Tiene la sobrenatural aptitud que le permite desdoblarse en sus noches de sueño que lo transportan al país de la pelota que no deja caer haciendo jueguito por tiempo infinito para retornar a su yo consciente cuando a la mañana abre los ojos y a levantarse para otra vez arañarle a la vida en la que no hay jueguito que valga.

Delirantes futboleros o esforzados albañiles. Exquisitos jugadores con distintas suertes todos, son futbolistas de espíritu, pero uno solo llega a ser Dios, un Dios, además, salido de la misma cuna de barrio destartalado, como los demás. En realidad el Diego son todos y por eso le profesan idolatría, porque bien adentro tienen muy metido eso de amar al prójimo como a uno mismo.

En ese paisaje barrial, los hijos del Diego son los hijos de la esperanza que viven de la ilusión y la mayoría de ellos mueren con ella, porque en la pobreza la ilusión es la mejor forma de vivir, haciéndose el distraído uno para mantener aplacada la fiera que todos llevamos dentro y no dejarnos tentar nuevamente por el saqueo al micromercado propiedad de un chino que no tiene la culpa del alucine social en el vivimos, Diego y el resto que en el fondo, ya se dijo, somos tan diegos como el original e irrepetible, y como el sobrenatural, el que esta noche volverá a desdoblarse para hacer jueguito otra vez, luego de otra jornada de apilar ladrillos, de hacer bardas con ellos y que sé yo cuantas cosas más se deban hacer en la pesada rama de la construcción.

El domingo, ya se sabe: A la mañana a pasear con los chicos y la nena y por la tarde a la cancha Diego para ir a ver a Diego que fantasma mantiene el balón suspendido en el aire con zurda, cabeza, rodillas, empeine hasta la hora en que se corporiza cuando vuelve a entregarse al sueño.

La pelota no toca el piso. Será por eso que vivimos etéreos ante la mágica ilusión que nos transmite la pelota, pero como la vida, este cuento ya me sabe a repetitivo y para repetitivo basta con el monótono y casi invariable andar de un día para el otro en el que el Diego y todos los diegos se encuentran metidos hasta el tuétano con los televisores dominicales a todo volumen cuando sus cuadros juegan de visita y no pueden viajar en omnibús para ir al otro lado de la ciudad.

Buenos Aires, noviembre 2001, cuando Diego Armando Maradona decidió colgar los botines y gritar a los cuatro vientos “la pelota no se mancha”.

Editado en La Paz, Corona Virus, 27 de abril de 2020.

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El plan B

/ 21 de noviembre de 2020 / 07:26

Hay un redactor que se ha dado a la descarada tarea de tratar a todos quienes afirmamos que el 10 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia un golpe de Estado, de cultores de la posverdad porque “la historia la escriben los ganadores”, comparando lo sucedido el pasado año, de manera forzada e inconsistente, con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

El gobierno de facto de Jeanine Áñez planeaba un indebido prorroguismo que en últimas horas fue desechado por la Embajada de los Estados Unidos  y la Organización de Estados Americanos (OEA), porque concluyeron que la transición hacia nuevas elecciones había quedado enturbiada por el hecho de que la autoproclamada decidió habilitarse como candidata, lo que desfiguró la agenda de los golpistas Mesa, Alarcón, Paz, Quiroga, Camacho, Justiniano, Doria Medina, Ortíz, Scarpellini y De la Torre, que vieron entorpecidos sus planes de búsqueda de una candidatura fuerte, capaz de plantarle cara al binomio masista Arce-Choquehuanca. En ese contexto, el inicial apoyo injerencista al gobierno de facto a la cabeza de Michael Kozak (Asuntos Hemisféricos EEUU) y Luis Almagro (OEA), terminó diluyéndose hasta que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre, día en que empezaron a llover felicitaciones, incluida la de Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump.

¿En qué me baso para afirmar categóricamente que sí hubo una interrupción del Estado de derecho en el país hace un año? Primero, en la ruptura policial del orden constitucional a través de motines en los distintos departamentos del país; segundo, en la actuación militar que desconoció la autoridad de su Capitán General, el Presidente del Estado, “sugiriéndole” renunciar; tercero, en el anuncio que hizo la propia Áñez desde Trinidad a la red Unitel, dos días antes de su posesión, informando que llegaba para asumir el mando del país; cuarto, violando los artículos 169 y 170 de la Constitución que señalan expresamente que la sucesión presidencial alcanza hasta el presidente de la Cámara de Diputados y de ninguna manera a la segunda vicepresidenta por minoría del Senado, cargo que ostentaba.

No hay tal posverdad, considerando la suma de elementos objetivos que dieron lugar al arribo de la senadora beniana al poder, si además tenemos en cuenta que en una reunión producida el mismísimo 12 de noviembre por la mañana, las representantes del MAS, entre ellas las presidentas en ejercicio del Senado y Diputados, manifestaron que no podían decidir nada al estar ausentes sus jefes y que debían reunirse con su bancada, afirmación a la que uno de los golpistas respondió “tienen poco tiempo para hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes, nosotros tenemos nuestro plan B”. Fue en ese contexto definitorio que se consumó el golpe civil-policial-militar, facilitado por un invento del Tribunal Constitucional, so pretexto del riesgo de vacío de poder que justificaba la habilitación de Jeanine como presidenta.

La única posverdad que hasta aquí detecto es que el redactor en cuestión se autoproclama periodista, cuando todos sabemos en qué consiste esa cacareada independencia en la que siempre pretende escudarse: Conexiones con agencias estadounidenses que terminan tutelando las democracias que les incomodan, persecución mediática contra quienes complican los planes de su principal jefe con afiebradas versiones sobre supuestas compraventas de medios con actores inexistentes, esto es, fabricación de intrigas para intentar favorecer los planes de su mandamás, dedicado a administrar un medio en el que sí campea la posverdad, la media verdad, la manipulación, el chisme, el rumor, y una deplorable calidad de redacción, afirmaciones que iré sustentando cuando corresponda, con nombres y apellidos, fiel al estilo frontal con el que ejerzo el periodismo durante cuatro décadas.

Lo que se instaló en Bolivia, entre el 10 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020 fue el miedo a la persecución política, a la criminalización de ciudadanos y ciudadanas que salían a las calles en plan contraataque a la asonada golpista que tuvo funestas consecuencias como las de Senkata y Sacaba, territorios en los que el tenebroso Arturo Murillo, ministro de Gobierno, decía que se habían producido “disparos entre ellos”, esto es, entre masistas “terroristas”, “sediciosos” y más adelante, “narcotraficantes”.

Golpe de Estado, gobierno de facto y persecución extorsiva es lo que se produjo en el país, y quienes dicen que esta realidad pasa por la simplificación de que se trata de una posverdad, son unos colaboracionistas que con su complicidad contribuyeron a que se institucionalizara ese miedo producto del acoso, la amenaza y las fotografías publicadas en medios y redes en plan linchamiento. Si a esto le sumamos la “estrategia” que, para ganarle al MAS, Mesa y Áñez debían pactar según una nota del 17 de julio, el colaboracionista había sido también un chambón.   

Julio Peñaloza es periodista.

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Golpe de Estado y persecución política (2019-2020)

Ése es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto.

Williams Kalimán, quien pidió la renuncia de Evo Morales, impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 14 de noviembre de 2019. Foto: Óscar Ortiz

/ 15 de noviembre de 2020 / 00:49

Quienes se autoengañan en sentido de que en Bolivia no hubo golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019, deberán leer los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado en los que queda explicitada la sucesión presidencial: Presidente, Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de Diputados.  Jeanine Añez era segunda vicepresidenta por la bancada minoritaria y tanto la ley como el reglamento general de la Cámara Alta no señalan en parte alguna de esos textos  que quedaba habilitada para acceder al cargo. Una minuta de comunicación del Tribunal Constitucional, con la que se tramitó su juramento a cargo de efectivos militares, no puede estar por encima del ordenamiento jurídico del Estado.

En ese contexto espurio, en el que el supuesto doble objetivo era anular unas elecciones generales por presunto fraude y expulsar del poder a Evo Morales, los distintos actores políticos que propiciaron la posesión de Añez creyeron que se produciría una transición sin contratiempos, exclusivamente orientada a la realización de nuevas elecciones, objetivo que quedó distorsionado cuando la presidenta de facto se habilitó como candidata, sumándose a la lista de aspirantes a ser elegidos en las urnas, decisión de la que se arrepintieron ella y su entorno cuando ya era tarde, a las puertas de otro abrumador triunfo del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con la llegada del coronavirus, en marzo de este 2020, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decidió poner en práctica un “protocolo de seguridad” contra la pandemia que, en realidad, escondía una persistente persecución política, con acusaciones de terrorismo, sedición y narcotráfico a cuanto militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) conviniera arrinconar. Seguramente con esa idea basada en la ley del talión, sustentada en que durante el gobierno de Evo Morales se había montado un aparato  persecutorio que, en lugar de ser desmontado, siguió utilizándose con los nuevos actores al mando de operaciones que incluían detenciones preventivas, detenciones domiciliarias, cartas de negociación extorsivas y métodos de amedrentamiento a quienes se resistían a inventar o “sembrar” pruebas contra exjefes o compañeros de militancia partidaria. Lo hecho por Murillo supera con creces lo que hiciera el último gobierno del MAS, convirtiéndose éste en el autor represivo de una “política de Estado” con olor a revancha, ajuste de cuentas y proscripción del partido que más elecciones y con cifras superadoras del 50% ha ganado en el país desde 2005.

La sofisticación para forzar procesos sin materia justiciable y la grosería llegó a tales grados que, por ejemplo, se acusó de sedición y terrorismo a quien fuera jefa de despacho del presidente Morales, Patricia Hermosa, a la que se encarceló sin otra prueba que registros y conversaciones telefónicas. Una vez privada de libertad, la señora Hermosa perdió al bebé que estaba gestando, argumento legal suficiente que debía inhibir de capturarla a quienes ejecutaron su detención arbitraria e ilegal. Para los objetivos persecutorios, Hermosa era una “sediciosa” y “terrorista”, presuntos delitos que junto al de “narcotraficante” sirvieron para instaurar un régimen del terror, que recuerda a Claudio San Román a cargo del Control Político del MNR en los 50 y 60, y a las dictaduras militares inauguradas por el general René Barrientos Ortuño en 1964.

Miriam Gamboa, señora con 80 años de edad, se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de La Paz, acusada de ser la autora intelectual de la quema de los buses Puma Katari. Gamboa, una anciana con amplio recorrido profesional como experta en planificación en salud, alega inocencia, pero ya cumple un mes de detención en celdas de Obrajes, privada de la visión de un ojo, producto de cataratas. Otro abuso innombrable del que casi nadie se ha enterado.

A la responsable de comunicación de una empresa estatal de servicios le ofrecieron no iniciarle un proceso y menos detenerla si aceptaba involucrar a su jefe en actos de corrupción. Al negarse rotundamente a aceptar tan sórdida proposición, fue acusada por una funcionaria sin título profesional, lo que la inhabilitaba de acceder al trabajo en dicha empresa, y con ese y otros vicios procedimentales fue cautelada con detención domiciliaria, limitante que le impidió trabajar durante casi un año, con acoso callejero por parte de efectivos policiales a su hijo de apenas 12 años de edad.

Son suficientes estos ejemplos preliminares de cómo el poder político e instancias decisorias del Ministerio Público instalaron el miedo en ciudadanas a las que en el supuesto de haber cometido delitos pudieron haber sido sometidas a debido proceso para defenderse en libertad. Lo que le cuestionaron a un minúsculo entorno que no permitía que Evo Morales mirara el horizonte y se encargaba del sistemático control político de fiscales y jueces, terminaron perfeccionando un método de anulación del adversario político, al extremo de que hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos terminaría traicionando su espíritu y esencia, que consiste en denunciar atropellos y sacar cara por las víctimas. Lo contrario: su presidenta, Amparo Carvajal, le manifestó a una de ellas, puesta a buen recaudo, que solamente podría abogar en su favor si hubiera llegado hasta las celdas de un recinto penitenciario, algo así como “si estás en el quinto infierno de la cárcel podemos salir en tu defensa, de lo contrario no”. Como para enmudecer de estupor.

“¿A quién pues hemos perseguido?”, preguntó el entonces ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a una conductora televisiva que lo entrevistaba. Se le podría responder que a quienes terminaron muertos en Sacaba, Senkata y el Pedregal. A Patricia Hermosa, Miriam Gamboa y a la funcionaria de la empresa estatal a la que quisieron extorsionar presionándola para inventarle delitos a su jefe. Debemos suponer que Arias no tendrá respuesta, aunque ponga a todos los avengers en miniatura con los que suele acudir a sus patéticas intervenciones mediáticas, sobre las que a propósito —persecución mediática— también hay un representativo conjunto de hechos a cargo de periodistas que avalaron el golpe, sin jamás referirse a estas indignantes violaciones a los derechos humanos: Imposible. Estaban en paroxismo obsesionados con sacar del poder al “tirano” y a sollozar de emoción por la gesta de los llamados pititas, esos a los que han convertido en símbolo de 21 días en los que se defenestró a Evo y a los suyos con escalonados motines policiales y la presión de las Fuerzas Armadas para la renuncia del Presidente. Los mismos que hasta hace una semana invocaban un golpe cívico-militar porque también se habría producido fraude en las elecciones del pasado 18 de octubre.

Era tal el grado de excitación entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, que referentes de opinión como Carlos Hugo Molina escribieron tuits con aliento épico y un grado de cursilería desconcertante, desmentido posteriormente por la evolución de los acontecimientos: “Gracias Presidente.  Impresiona la mezcla de magia y milagro que alinearon el aletear dialéctico de la mariposa para vivir lo que vivimos. Vamos a cuidarte Jeanine, necesitamos que esto salga lo más humano posible (sic). Mantené tu sonrisa, y cuando creas necesario, convocá a los pititas”. Sublime. Como el chocolate peruano.

Por un video producido en un laboratorio audiovisual

Un intendente municipal de La Paz con grado policial contaminó el proceso de persecución- investigación que se inició contra el que fuera gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, interviniendo sin competencia legal en el mismo. Se lo acusó de uso indebido de bienes del Estado con el insostenible argumento de haber producido un video en el Laboratorio Audiovisual que instaló la empresa de transporte en una de sus estaciones (Línea Celeste) con el propósito de ofrecer infraestructura y capacitación en la materia al público en general que estuviera interesado en la producción de imágenes en movimiento. En otras palabras, dicho laboratorio prestaba un servicio como parte de las iniciativas vinculadas a la comunicación y a la cultura que el sistema de transporte puso en funcionamiento, producto de su compromiso con la comunidad.

Los acusadores, a la cabeza del sustituto de Dockweiler, Jorge Bonadona, directamente relacionado con el Gobierno Municipal de La Paz, utilizaron un breve testimonial en que una persona de aproximadamente 45 años hace una exhortación reflexiva con respecto de la coyuntura electoral que se vivía en el país en ese momento, previo a las anuladas elecciones del 20 de octubre del pasado año. No se trataba de un spot de campaña con autoría partidaria, por lo que la argumentación caía por su propio peso. A partir de ese momento, quien fuera artífice y conductor gerencial de una de las obras fundamentales que le ha cambiado la cotidianidad a las ciudades de La Paz y El Alto con este sistema de transporte, comenzó a ser perseguido y, como no admitió culpabilidad alguna, decidió ponerse a resguardo para eludir su detención.

Por si esto fuera poco, a Dockweiler también se lo acusó de presionar y obligar al  personal de Mi Teleférico a entregar aportes para la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando, según su versión y la de los propios trabajadores de la empresa, los montos fueron otorgados libre y voluntariamente. Todo traído de los pelos con la instigación de ministros como el de la Presidencia, Yerko Nuñez, y el  de Obras Públicas, Iván Arias, el que preguntó en televisión “¿A quién hemos perseguido?”. Objetivo central: Anular políticamente al fundador gerente de Mi Teleférico que a lo largo de su gestión demostró que una empresa estatal, bien gestionada, puede exhibir números favorables con efectos multiplicadores.

Una justicia putrefacta al servicio del poder de turno

Debido proceso es el concepto con el que se enjuicia a una persona cumpliéndose rigurosamente todas las instancias que comprenden el trayecto de un juicio transparente, desde el levantamiento de información a partir de indicios hasta el momento final de la sentencia condenatoria, que en los casos analizados ha sido sustituido por el uso excesivo y violatorio de los derechos humanos de la detención preventiva, y sucede cuando el Ministerio Público y el aparato judicial se hallan condicionados en todas sus instancias por el poder político de turno. Fue en ese ámbito que el Tribunal Constitucional otorgó carta blanca a Evo Morales para que se habilitara como candidato presidencial, aduciendo un derecho humano según el Pacto de San José. Tres años más tarde de tan cuestionada decisión, incluso en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el que fuera ministro de Justicia y abogado de confianza de Evo, Héctor Arce Zaconeta, ha reconocido hace unos días en entrevista televisiva que se trató de “el más grave de los errores”, reconocimiento tardío, por lo que él mismo tuvo que padecer refugiado en la residencia de la Embajada de México en La Paz, y sin prever consecuencias para todos sus “compañeros” a los que se persiguió, extorsionó y apresó indebidamente durante el último año.

Las características fundamentales de la persecución política durante el gobierno de facto son las siguientes: incumplimiento de principios y procedimientos penales, injerencia política del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público; fabricación de delitos, órdenes de aprehensión sin debida citación previa; uso de medios de comunicación para fines de desprestigio; abuso contra terceros para fines declaratorios e incriminatorios; involucramiento de familiares —parejas, hijos— con ampliación de procesos; presiones para cambiar declaraciones de testigos; búsqueda de “testigos” para declaraciones en contra de los perseguidos de turno a cambio de reinserción u otorgación de fuentes laborales.

Ése es el “legado” que nos deja la fallida presidencia transitoria inconstitucional de Jeanine Añez-Arturo Murillo. Como para que no queden dudas, acerca de la inquina del régimen de facto, la que fuera ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, destituyó al embajador en el Perú, Gustavo Rodríguez Ostria, a sabiendas del cáncer que lo aquejaba, por lo que su despido era ilegal. Digamos que ejerciendo otra forma sutil y perversa de persecución política. Ayer sábado 14 de noviembre nos enteramos que lamentablemente Rodríguez Ostria falleció en Lima, al que recordaremos como historiador de valiosas investigaciones como “Sin tiempo para las palabras: Teoponte, la otra guerrilla guevarista en Bolivia” (2006) y “Los partidos de izquierda ante la cuestión indígena 1920-1977” (2017).

*Julio Peñaloza Bretel es periodista

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Persecución política en democracia (2006 – 2019)

Entre las consideraciones analíticas del ministro de Gobierno Carlos Romero acerca del “fiscalato” y sus actuaciones en contra de los derechos del dirigente de Los Yungas, Franklin Gutiérrez, según lo atestigua el abogado Santiesteban, encontramos esa insalvable brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Como este ejemplo, abundan otros en materia de persecución política en el transcurso del llamado Proceso de Cambio.

Franklin Gutiérrez, dirigente cocalero de Adepcoca que fue detenido.

/ 8 de noviembre de 2020 / 11:08

En una entrevista para televisión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero (24 de julio de 2016), le pregunté por el tema de la Justicia en los siguientes términos:

Hay un columnista bien de derecha, que fue un hombre muy cercano al general Banzer, se llama Manfredo Kempff es novelista además, que ha utilizado un término que me parece interesante para generar reflexión. El término es “fiscalato”. Dice que los fiscales hoy en día hacen y deshacen en Bolivia. Si a esto le sumamos los consorcios de abogados, la carga procesal y la retardación de justicia, y el hecho de que la gente más pobre, sin capacidad para pagar un abogado por un  juicio cualquiera se encuentra en estado de indefensión, nos lleva a encontrar un panorama lúgubre ministro.

Romero respondió con los siguientes criterios:

Comparto absolutamente. Es decir, el fiscal es un súper poderoso en el diseño del procedimiento penal. De alguna manera el procedimiento penal es la cara de la justicia en cualquier país del mundo, es donde se juegan los más altos intereses, donde se juega a la libertad o la prisión de una persona, donde se juegan los patrimonios. Entonces el tema penal cómo cara de la justicia tiene en los fiscales a unas autoridades súper poderosas que hacen y deshacen con los procesos, que los dilatan a conveniencia, que articulan muchas veces consorcios de abogados. En su momento nosotros los denominamos “redes de extorsión” que han sometido a la justicia básicamente a una condición de un sistema absolutamente mercantilizado, prebendalizado. En determinado momento, parafraseando a Marx en el “Manifiesto Comunista”, a propósito de la caracterización del Capitalismo, yo decía: en la justicia todos los litigios se compran y se venden, lo único que está en discusión es el precio. Tal vez llevando el análisis a una situación extrema, porque seguramente habrá también fiscales y jueces muy honestos, nunca se puede generalizar; pero evidentemente la justicia boliviana ha alcanzado sus mayores niveles de crisis estructural. Ahora esta crisis estructural tiene diferentes abordajes, algunos desde una interpretación política dirán que la justicia está en crisis porque está subordinada al poder político, porque los masistas manipulan la justicia para hacer política y perseguir a los opositores, entonces por eso está en crisis. Otros dirán: La justicia está en crisis porque se inventaron en la Constitución la elección, mediante voto, de las autoridades jerárquicas el órgano jurisdiccional. Otros dirán, desde una perspectiva más administrativa, y de este lado de los operadores de Justicia: La justicia está en crisis porque el Estado no nos asigna suficiente presupuesto para tener más juzgados y trabajar de mejor manera. En fin, hay interpretaciones sesgadas, parciales, desde la perspectiva de los intérpretes de la crisis de la justicia. Pero en algo que vamos a coincidir, el núcleo central, estructural, que determina la justicia en Bolivia es que su diseño es muy desequilibrado, no hay un sistema de ‘check and balance’ (controles y contrapesos), que permitan controles cruzados y transparentes de la administración de los procesos. Por eso aparece un fiscal poderoso que tiene mucha discrecionalidad para definir el curso de un proceso que subordina al policía investigador, subordina al juez, porque es el que dirige, el que conduce el proceso, porque puede limitar o ser permisivo con la acción de los litigantes, en fin, tiene muchísimas potestades, no tiene un contrapeso, no hay los mecanismos de transparentación, los mecanismos de control no funcionan y este es el problema nodal de la justicia, entonces el “fiscalato”, como categoría que tú citabas me parece una buena descripción.”

El fiscalato extorsivo

Esta pregunta-respuesta, de periodista a abogado encargado de la seguridad interna del país como Ministro, sintetiza de manera indiscutible el cuadro de situación a través del cual encontramos este mecanismo de persecución política que no solo implica el objetivo de neutralizar adversarios, sino, además, generar a través de la extorsión, un nuevo sistema de corrupción en el que a los fiscales embadurnados en estas acciones, se suman abogados, policías investigadores y jueces. Ojo, lo acepta un ministro que formó parte del entorno de confianza de Evo Morales, no un opositor de la derecha, por lo que sus palabras ponen en evidencia que la problemática en cuestión era conocida a fondo en las entrañas mismas del gobierno y en este contexto no se trata de utilizar la etiqueta de la “persecución política” para justificar hechos de corrupción como habitualmente hicieron los opositores al MAS hasta noviembre de 2019, como es el caso de José María Leyes, alcalde de Cochabamba, por los casos Mochilas I, II y III.

El modus operandi se resume en los siguientes términos: El Fiscal designado para perseguir a un personaje al que se necesita neutralizar por razones políticas utiliza la detención preventiva aplastando el debido proceso con el objetivo de arrinconar contra la última pared de una celda judicial a la víctima de turno. A continuación se procede a la realización de la respectiva audiencia de medidas cautelares y en lugar de dictar sustitutivas, el juez de turno ordena traslado a un penal. Una vez el privado de libertad experimenta un horrible estado de indefensión, emisarios de los fiscales en coordinación con los abogados que ejercen defensa comienzan las tratativas para generar la cesación a la detención, siempre y cuando acepten los términos económicos que se les plantean y que, en caso necesario, estos admitan hacer declaraciones en contra de sus eventuales jefes, si es que se trata de personeros dependientes de la administración pública.

“Tu salida cuesta tanto hermanito, y todo se arregla si además dices que tu jefe o jefa te mandaron a cometer tales irregularidades… si cumples con estas condiciones, procesamos tu liberación rápidamente”. Así de sencilla y concreta es la fórmula que caracteriza la persecución política de hoy en la que ya no hay casas de la represión, campo de concentración, celdas clandestinas, ni métodos de tortura y desaparición física. En suma, la persecución y represión en la gran mayoría de los casos, prescinde del amedrentamiento físico. Suficiente con mandar a guardar por el tiempo necesario a la víctima de turno que le tiene pavor a perder la libertad, peor si a través de “pruebas sembradas”, materia justiciable insuficiente y sometiéndose a ingresar en la cárcel por indicios y no por pruebas concluyentes.

Terrorismo I y II

Condenado en 2012 por pedido de coima al empresario asesinado Jorge O´Connor, el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, tuvo que pasar durante una década en el penal de San Pedro. Cercano a Evo Morales, lo sucedido con éste que fue presidente del Senado y promesa política del MAS, fue la evidencia de que el partido de gobierno estaba dispuesto a freír a sus propios peces si los encontraba cometiendo irregularidades y delitos. No había sucedido nunca durante los tiempos de democracia pactada (1985-2005), que un alto miembro de la estructura de poder vigente terminara en la cárcel, ya que cuando se presentaban hechos de corrupción debidamente comprobados, el camino era el del encubrimiento o la apertura cómplice de una puerta trasera.

Casos diametralmente opuestos son los llamados Terrorismo I y II destapados en Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009, cuando en un operativo policial ejecutado en el hotel Las Américas, según el reporte oficial, murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, a los que se les habría descubierto un plan para asesinar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera.

A partir del descubrimiento de esta trama, Mario Tadic y Elod Toasó, que formaban parte de la presunta organización mercenaria comandada por Rózsa, fueron arrestados, momento en el cual quedaron sindicados empresarios y políticos de la capital cruceña como Gary Prado Salmón, general retirado a quién se recuerda como activo oficial del Ejército que participó en la captura y muerte del Che Guevara en Vallegrande (1967) y Zvonko Matkovic, hijo de quien fuera prefecto del departamento en el gobierno democrático del Gral. Banzer, y ahora político en actividad bajo la sigla Creemos como candidato a senador suplente.

El proceso judicial se extendió durante más de 11 años en el que Prado Salmón, postrado en una silla de ruedas sufrió detención domiciliaria, y Matkovic estuvo recluido en el penal de Palmasola durante ocho años. Los dos alegaron invariablemente inocencia, lo mismo que el resto de la cuarentena de acusados. Los dos procesos fueron extinguidos durante este año de gobierno transitorio inconstitucional a partir del argumento de inexistencia de pruebas.

Para los familiares de las víctimas y de los apresados, se trató de un oscuro caso de persecución política sobre el que todo indica no se encontrarán nunca pruebas condenatorias, considerando, principalmente, la versión que señala que se trató de ejecuciones sumarias y como lo dijera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el mismo 16 de abril de 2009, “de un montaje del gobierno”.

La verdad histórica sobre este controvertido caso ha quedado en tinieblas.

Franklin Gutiérrez y ADEPCOCA

Dos días después de la llegada de Jeanine Áñez al gobierno, la red Unitel informaba en los siguientes términos sobre la liberación del dirigente Franklin Gutiérrez, de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de Los Yungas de La Paz:

El ex dirigente cocalero de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien fue aprendido en agosto del pasado año, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas, lamentó haber estado encarcelado injustamente durante más de un año, y culpó a Evo Morales por los delitos que lo acusaron. Recordemos que el dirigente cocalero fue detenido por los enfrentamientos que hubo en la Asunta, donde falleció un teniente, sin embargo Gutiérrez señala que esta muerte se produjo por fuego propio de los agentes desplegados en Los Yungas. Su abogado señala que nunca existieron suficientes pruebas para su detención, Gutiérrez podrá salir de la cárcel una vez que presente dos garantes, una vivienda en la ciudad de La Paz y tiene restringido el viaje a Los Yungas hasta que su proceso concluya.

Cumplidos tres meses de reclusión en el penal de San Pedro, Gutiérrez se vio conmocionado por la muerte de su hijo menor de apenas dos años. En su calvario como privado de libertad, el dirigente cocalero denunció a través de uno de sus abogados, Jorge Santiesteban, de “falsificación de datos migratorios” en los que figuraba un viaje a Colombia que nunca se produjo, ya que en realidad se habría trasladado hasta Ecuador. El mismo abogado acusó de manera frontal al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de manipular dicha información, a quién sindicó de “inventar delitos” contra su defendido.

Según este cúmulo de informaciones, Gutiérrez representa otro caso de persecución política, considerando que los puntos de vista de los cocaleros de Los Yungas están en contraposición a los esgrimidos por las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de las que es presidente Evo Morales.

Entre las consideraciones analíticas del ministro de Gobierno Carlos Romero acerca del “fiscalato” y sus actuaciones en contra de los derechos del dirigente de Los Yungas, Franklin Gutiérrez, según lo atestigua el abogado Santiesteban, encontramos esa insalvable brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Como este ejemplo, abundan otros en materia de persecución política en el transcurso del llamado Proceso de Cambio.

(08/11/2020)

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El espejismo de la unidad

/ 7 de noviembre de 2020 / 03:11

En 1989, Gonzalo Sánchez de Lozada se encargó de introducir el marketing político como herramienta estratégica para su campaña electoral, luego de recibir la bendición de Víctor Paz Estenssoro y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como candidato presidencial. Los estudios de opinión encargados a sus asesores le dieron la respuesta principal acerca del núcleo de lo que debía proponerle al electorado boliviano y fue a partir de ese mapa que decidió ofrecer “doscientos cincuenta mil empleos”. Con esa idea fuerza, y aprovechando lo que representaba su postulación que le cerraría el paso al exdictador Banzer que quería ser presidente democrático, le ganó al general por menos del 1% y quedó apartado del camino gracias a la genialidad del estratega mirista Óscar Eid Franco, que en clave “viveza criolla” inventó la figura del “triple empate” con el objetivo de legitimar la llegada a la presidencia de su compañero y amigo Jaime Paz Zamora.

Durante la llamada Democracia Pactada, los jefes partidarios cerraban acuerdos luego de producidos los comicios, porque sus tiendas políticas estaban asentadas en lógicas autónomas de funcionamiento. Al MNR, ADN y MIR no se les habría ocurrido la necesidad de acordar estrategias preelectorales con el propósito de cerrarle el acceso al poder al favorito de circunstancia, cosa que comenzó a ocurrir en 2014, luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganara por tercera vez consecutiva, superando el 50% de la votación, imponiéndose a sus adversarios con comodidad de goleada.

En lugar de construir proyectos partidarios alternativos consistentes, con proyecciones en el mediano y largo plazo, Samuel Doria Medina con su minúsculo partido, Unidad Nacional, decidió hacer de la actividad política un hecho de aritmética elemental: Solo con la unidad de todos contra el MAS se le podría ganar a Evo Morales. Pues bien, luego de transcurridos seis años de ese convencimiento, queda claro que la mentada unidad solo sirvió para perpetrar un grosero golpe de Estado llevando a la presidencia de manera inconstitucional a la segunda vicepresidenta del Senado, golpe para el que cerraron filas con el respaldo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

El objetivo de impedir que Evo se repostulara, al haberse pasado por el forro el resultado del referéndum de 2016, produjo esa unidad, nuevamente invocada para las elecciones de este 2020, un año después de utilizado un conteo rápido no oficial como indicio suficiente para instalar la versión de la OEA en sentido de que se había producido “fraude”, al que se le agregaron los demagógicos calificativos de “monumental” y “gigantesco”. Si efectivamente Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el resto de los golpistas se hubieran creído su propio cuento, les tocaba encarar la campaña para la tres veces pospuesta elección que finalmente dio como ganador a Luis Arce, despojados de ese error de partida que insistió en “el voto útil para ganarle al MAS” o en “soy el único candidato que le puede ganar al MAS… en segunda vuelta”. En otras palabras, los que se unieron para eliminar a Evo de la papeleta admitieron llevar adelante sus estrategias de campaña, convencidos de que iban a perder (Comunidad Ciudadana), y que la derrota ideal sería la de evitar los 10 puntos de diferencia para remontar la ola en el soñado balotaje.

El coronavirus, la corrupción y la soberbia del bien pensante e ilustrado al ni siquiera darles las gracias a quienes se apartaban del camino aunque fuera de manera tardía (Áñez, Quiroga), le facilitaron al MAS la proeza de ganar trascendiendo la impronta de su líder histórico, superando incluso la votación de 2005 en la que el triunfo de Evo contra Tuto fue por paliza, lo mismo que el de Arce contra Mesa. Con una campaña sencilla de encuentros callejeros, cuestionando la gestión de la pandemia y la necesidad de recuperar la economía, sin “guerra sucia” y casi ignorando a sus rivales, Arce Catacora y Choquehuanca Céspedes avanzaron hacia el triunfo sin mirar a los costados.

Endilgarles la culpa a quienes no se bajaron de sus candidaturas para evitar el nuevo triunfo azul admite dos hipótesis: Estrechez de miras o deshonestidad intelectual. El MAS ganó otra vez porque construyó eso que Doria Medina se negó a pensar desde la Asamblea Constituyente, un proyecto que penetrara en el sistema de creencias de los electores: “Nosotros no somos del MAS —dicen— el MAS es de nosotros”.

El 18 de octubre ha quedado nuevamente demostrado que en Bolivia se vota con inteligencia. El país es mayoritariamente plurinacional popular, con una primera minoría de centro derecha que afirma respetar las reglas de juego auténticamente democráticas y una segunda minoría casi fascistoide que toca las puertas de los cuarteles militares y los regimientos policiales porque no puede admitir que su asonada del pasado año haya terminado embarrancándose frente a la legitimidad expresada en las urnas. Deberemos tener, en la tripartita Asamblea Legislativa, una gestión de acuerdos mínimos, ya sin el doble filo de los dos tercios que aplastan equilibrios y contrapesos, y abren las compuertas al golpismo que ha llegado para quedarse como amenaza cotidiana contra el Estado de derecho.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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