Voces

sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 03:52

Potencia nacional popular

/ 24 de octubre de 2020 / 04:29

El triunfo contundente del MAS en las elecciones del 18 de octubre ha evidenciado dos rasgos estructurales de la política boliviana: la imposibilidad de construir una mayoría electoral sin los segmentos nacional-populares y al mismo tiempo la diversidad y complejidad de estos grupos. Aspectos largamente subestimados, si no directamente ignorados, por buena parte de analistas, voces mediáticas y operadores políticos.

Esta miopía conceptual está en la base del error que impidió a la centroderecha incluso imaginarse que ese escenario era posible. La hipótesis de que el anti-masismo era mayoritario, algo así como el 70% según algunos entusiastas, contaminó la orientación estratégica y la operación de esas fuerzas. Formidable ejemplo que las ideas, en política, importan y que equivocarse en la lectura del contexto puede ser fatal.

Es un fácil recurso echarles la culpa a las encuestas, sin admitir que el problema no eran ellas, sino su lectura sesgada y unidimensional. Desde hace varios años, la mayoría nos decía que el equilibrio entre el bloque social favorable al MAS y el de sus opositores era bastante similar. Es decir, había una suerte de “empate” político en la opinión pública básicamente en torno a la cuestión de la reelección, pero, al mismo tiempo, una gran heterogeneidad de intereses, posiciones e intensidad de adhesiones al interior de cada una de ellas.

Sino cómo se entiende que después de la debacle de noviembre, la evaluación retrospectiva de la gestión de Evo Morales seguía siendo positiva para el 45% de los entrevistados en alguna encuesta de diciembre de 2019, o que Carlos Mesa no pudiera superar el 50% de preferencias brutas en los “escenarios” de segunda vuelta, naturalmente polarizadores, en los sondeos preelectorales. Es decir, la fuerza del MAS siempre estuvo ahí, en los extendidos mundos populares urbanos y rurales que son mayoritarios, pero que sin activadores ni incentivos correctos podía resultar insuficiente. La gran virtud de los políticos masistas, Evo Morales el primero entre ellos, fue justamente entender y aprovechar, discursiva y políticamente, los groseros errores de sus adversarios y el azar de las crisis que nos tocó sufrir para hablarles a esas personas y volver a representarlas.

Su éxito no fue únicamente retórico o programático, al entender por ejemplo que la idea de la crisis se imponía en las conversaciones desde abril, sino también en las formas, al proponer una campaña con un renovado estilo populista y cercano a la gente. Aunque, también convengamos, que eso hubiera sido menos eficiente sin el terremoto llamado pandemia, los equívocos groseros del gobierno de Áñez y la ceguera de las élites y su extraña incapacidad para leer los cambios que se producían a su alrededor. Ese es el trabajo de los políticos, frente a las vicisitudes de la fortuna, responder con la virtud de la adaptación y la comprensión razonada o intuitiva del momento.

Todo esto nos debería hacer también reflexionar acerca de la diversidad de eso que llamamos “mundos populares”. Aunque el MAS los hegemoniza, lo cierto es que no los representa totalmente ni siempre de la misma manera. Se trata de electores racionales, no solo emotivos o “identitarios” como se les encasilla, que, por ejemplo, desconfiaron de Morales en su último mandato, más por razones de comportamiento cívico que por sus resultados, llegando incluso a votar por algún opositor en octubre de 2019, pero que luego se reconciliaron con él por falta de alternativas.

Sería, en consecuencia, un error, esta vez del renovado MAS y de sus futuras oposiciones, asumir que este apoyo nacional-popular es automático y homogéneo. Su núcleo más intenso, ciertamente, es el mundo campesino estructurado en comunidades y sindicatos, pero importan también las muchedumbres populares urbanas, deseosas de movilidad social y modernidad, que reclaman igualdad, pero también autonomía individual. Se ha ratificado pues que somos un pueblo multinacional en toda su grandiosa diversidad, racionalidad y fuerza transformadora. Ahí está el futuro.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Obsesivamente evistas

/ 21 de noviembre de 2020 / 07:29

Para muchos, incluyendo una mayoría de opositores, Evo sigue siendo casi el principio y el fin de la política boliviana. Esta obsesión les impide entender y discutir la novedosa y compleja recomposición de los mecanismos de gestión del poder que se está empezando a producir en el bloque masista desde la elección de Luis Arce como presidente.

Persistir en esas simplificaciones puede llevar, otra vez, a groseros errores de interpretación que podrían seguir saboteando, por ejemplo, el esfuerzo hasta ahora frustrado de las centroderechas de constituirse en una alternativa viable al MAS.

Si uno se limita a las preocupaciones de los grandes medios de comunicación y de sus habituales comentaristas parecería que la descripción de la coyuntura se resume a identificar las fantasmagóricas pugnas entre “alas duras y blandas” del MAS por controlar el Gobierno, siempre con la sombra maléfica del caudillo en el fondo del escenario, y a un rosario de lamentaciones y exorcismos varios sobre la supuesta necesidad de que el oficialismo se aparte de su líder por el bien de la nación.

Una vez más, las oposiciones partidarias y mediáticas acaban siendo, paradójicamente, más evistas que los propios masistas, como si no pudieran dejar de pensar en ese personaje para que su identidad política tenga sentido; señal inquietante de su dificultad para actuar más allá de su rechazo visceral por el expresidente y opinar e intervenir acerca de otras preocupaciones de los ciudadanos, las cuales, por cierto, siguen estando ahí a la espera de que alguien las asuma y responda con eficacia.

El maniqueísmo de este enfoque es otra de sus características, siendo tal vez una de las más erradas, al atribuirle a ese personaje casi todo lo malo y equivocado que uno puede imaginar sobre lo que sucede en el país y en el accionar de la actual fuerza gobernante. Así, se simplifica en extremo la dinámica interna del masismo y la complejidad de los intereses y estrategias de las dirigencias, corrientes y organizaciones que la componen.

Basta una revisión somera de los principales hechos políticos del último quinquenio para percibir los errores de Evo Morales, varios de ellos importantes, pero también sus virtudes políticas y sus intervenciones en ciertas coyunturas viabilizando las vías democráticas de resolución de nuestros conflictos. No se trata de ser ayayeros del líder o pecar de ingenuidad, sino de entender cabalmente su papel como uno de los actores centrales de la política en estos años, guste o no.

Por tanto, desde una perspectiva más reposada, parece necesario comprender y para algunos aceptar, en primer lugar, el rol protagónico que tiene y que seguirá teniendo Morales en la vida de su partido y en el futuro de la política nacional. Su retorno en medio de grandes movilizaciones populares y su rápida consagración como el jefe del MAS ratifican un protagonismo que no se explica únicamente por sus legítimas ambiciones, sino también por el rol crucial que sigue desempeñando como principal articulador del archipiélago de fuerzas que se esconde detrás de esa sigla.

Por cierto, papel que no dejará de ser problemático y desafiante, sobre todo porque se trata de establecer, casi por primera vez en nuestra historia contemporánea, una arquitectura de gestión del poder en la que no es una misma persona la que dirige al mismo tiempo el partido, las organizaciones sociales que lo sostienen y el Gobierno que los representa. Cuestión que no es únicamente crítica para el futuro del oficialismo sino incluso para el tránsito hacia un sistema político con algunos equilibrios de poder y separación de funciones que tanto se añora desde un enfoque liberal republicano de funcionamiento del Estado. 

Se trata, en suma, de normalizar la figura y la actuación de Evo, por lo menos en términos analíticos y de evaluación del contexto. De comprender el lugar que ocupa en el campo político, que por hoy parece ineludible si tenemos un mínimo de realismo, pero entendiéndolo, al mismo tiempo, como parte de un juego de interacciones más amplio, complejo y dinámico con otros actores e instituciones. 

Armando Ortuño es investigador social.

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Intransigentes con la norma

/ 7 de noviembre de 2020 / 03:13

En medio de las turbulencias electorales, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) nos han estado mostrando lo que significa construir concretamente instituciones en medio del conflicto. Pero hay también una mala noticia: importantes segmentos de nuestra sociedad están revelando, casi pornográficamente, su contradictoria relación con el acatamiento de las normas.

Decir que los bolivianos tenemos un vínculo bastante laxo y traumático con la institucionalidad estatal no es ningún gran descubrimiento. Hay razones estructurales y coyunturales que explican y, para algunos, incluso justifican esas anomalías que invaden no únicamente los grandes eventos de la política nacional, sino también la manera como interactuamos con las diversas expresiones del Estado en nuestra vida cotidiana.

Debo incluso confesarles que siempre he sido escéptico sobre cierto “institucionalismo”, en boga entre círculos académicos, que se espanta ante cualquier intento de reforma profunda o adaptación de la arquitectura institucional en vigencia cuando se hace evidente que ya no les hace sentido a grandes segmentos de la población. Aún más, habiendo vivido varias crisis en los últimos decenios, me he ido convenciendo de que en ciertas situaciones hay que buscar ineludiblemente soluciones políticas imaginativas en función del bien común, a veces en las fronteras de la ley.

Pero, todo tiene sus límites, por supuesto. Incluso en los momentos más disruptivos, las soluciones a los conflictos precisan de un mínimo respeto a ciertas reglas o procedimientos, sin lo cual entraríamos de lleno en el mundo del “todo vale”, de la “ley de más fuerte”, a aquello que Hobbes denominaba como “estado de naturaleza”.

Concretamente, las decisiones de Salvador Romero y de los vocales del TSE de resistir a las presiones políticas y callejeras para mover “por algunos días” la fecha de las elecciones, hace unos meses, o para realizar ahora una “auditoría” o “anular” un proceso electoral validado por misiones externas profesionales y sin que previamente se hayan mostrado evidencias y pruebas concretas sobre irregularidades en su realización, son una muestra acerca del desafío que implica hacer respetar algunas normas en Bolivia sin morir en el intento.

Sospecho que esta actitud no solo tiene que ver con las inclinaciones éticas de estos personajes por una democracia republicana, sino también por razones absolutamente pragmáticas: El país aún tiene por delante una ruta tortuosa y peligrosa para estabilizarse, habrá nuevas controversias y seguiremos precisando instancias que las arbitren, por ejemplo, mediante el voto. Ceder en agosto o en estos agitados días a lo que la muchedumbre les reclama, con bases legales tan exiguas, implica que cualquiera podría, con mayor o menor legitimidad, torcerle el brazo al arbitro por la fuerza, abriendo de esa manera la caja de pandora del desorden. 

Posiblemente, la popularidad de las autoridades electorales no saldrá fortalecida de estos eventos, sobre todo por la censurable y oportunista tendencia de muchos medios de comunicación y líderes que transforman “la voz” de las muchedumbres parcializadas en el alfa y el omega de la política, aunque eso implique darles poder a algunos que vulneran en ese trance los derechos de otros ciudadanos o que incluso andan arrodillados (esto es literal) rogando por un golpe de Estado. Todo eso, extrañamente, a nombre de la democracia y la “institucionalidad”.

Pero, eso no debería impedir que muchos ciudadanos agradezcamos a estas autoridades su entereza, sobriedad, paciencia y hasta sus parsimoniosas explicaciones, desesperantes a ratos, frente al torbellino de bulos, imposturas y operaciones políticas que pretenden deslegitimar un proceso que, desde mi punto de vista, ha sido más que razonable en su transparencia y eficacia. Habría que ir aprendiendo que quizás es así como se construyen las tan mentadas instituciones, con buena voluntad y persuasión, pero también ejerciendo autoridad y defensa intransigente de la norma cuando sea necesario.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Volver a empezar

/ 10 de octubre de 2020 / 03:06

Me parece que no soy el único que siente que estamos viviendo uno de esos momentos en que las certezas se van desvaneciendo, en los que se va imponiendo una radical incertidumbre en múltiples aspectos de nuestras vidas y de la comunidad que nos acoge. Sentimos que muchas pautas, comportamientos e instituciones que nos permitían funcionar ya no responden más y sobre todo que no hay señales de que pueden restablecerse ni siquiera en el mediano plazo. Esa es la acepción más corriente de crisis.

Lo interesante es que los desajustes que enfrentamos no solamente se alimentan de las contradicciones y problemas nacionales no resueltos, sino también de las transformaciones planetarias que ha desencadenado la pandemia y la brusca mutación del ciclo globalizador que se inició hace ya más de 40 años. La crisis boliviana parece pues coincidir y, por tanto, debe ser también analizada en relación con las dislocaciones que están sufriendo la política, la economía y los comportamientos sociales en todo el mundo.

Así pues, no parece tan fácil intentar aplicar un liberalismo aperturista en este centro del continente, como respuesta a su estancamiento, cuando en el mundo se está imponiendo el nacionalismo económico y un agresivo mercantilismo tecnologizado. O pensar que se puede volver a la buena, conocida y vieja política corporativa, cuando las redes sociales y la fragmentación e individualización de la sociedad multiplican los actores a considerar, implosionan el campo mediático y obligan a repensar los instrumentos de la gobernabilidad.

Son tiempos en que tenemos, pues, que reinventarnos, no para estar a tono con alguna moda intelectual, sino para sobrevivir en medio de las tempestades que se perfilan en el horizonte. Entender esos cambios estructurales sobre los que casi no tenemos control, comprender cómo nos afectan concretamente en las decisiones sobre la reactivación económica, el manejo de conflictos sociales o la renovación de la democracia es la agenda que debería inspirarnos.

Desde hace varios meses, he llegado a la conclusión que la conjunción entre los profundos desequilibrios políticos e institucionales que se evidenciaron en noviembre de 2019 y la aceleración de la crisis económica y social en medio de una pandemia pésimamente manejada, nos han proyectado a un nuevo mundo, peligroso, pero a la vez fascinante si no morimos en el intento de adecuarnos a él. La crisis parece habernos movido la cancha, para empezar con sus impactos imprevisibles en el ámbito electoral, y será un dato de nuestra realidad por varios años más.

Podemos decir entonces, a días de la jornada electoral del 18 de octubre, que ya no hay retorno, ni a la Bolivia de la hegemonía masista, ni, aún más, al mundo jurásico de la democracia pactada del siglo pasado. Lo cual obviamente no implica que los representantes de esas fuerzas puedan gobernarnos, sino que no podrán hacerlo de la misma manera que antes. No solamente porque ya no hay muchas certidumbres ideológicas o políticas en medio de la crisis en que estamos viviendo, sino sobre todo porque los monstruos que debemos combatir y las fuerzas que nos ayudarán a recomponernos nacieron, mutaron y crecieron en estos últimos 10 o 15 años.

De eso y otras obsesiones tratará esta columna, de la política entrelazada íntimamente con la economía, de la conversación sobre ciertos cambios, varios imprevisibles, en el mundo local y global que nos obligarán a adaptarnos ya sea a palos o con inteligencia y de la necesidad de incentivar el dialogo sobre la manera de enfrentar esas turbulencias con mayor efectividad. En suma, de pensar cómo se van equilibrando la “fortuna” y la “virtud”, en términos de Maquiavelo, de manera que la política no sea esa cosa fea que nos disocia y nos impide resolver nuestros problemas, sino una construcción colectiva de capacidades para que el desorden que nos espera no dure mucho y para que el mundo que vamos a (re)construir sea mejor que el que estamos despidiendo. Gracias a La Razón por acogerme.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Descifrar la crisis

La tarea más compleja será política: reconstruir la confianza entre los diversos que cohabitamos el país

/ 9 de septiembre de 2020 / 07:38

Hemos sido testigos de una serie de disfuncionamientos que están provocando un clima de pesimismo, desconfianza y angustia, tanto entre la población como en sus dirigencias. Justamente, se suele decir que estamos en “crisis” cuando ciertas normas, instituciones, prácticas o relaciones sociales a las que estábamos acostumbrados ya no funcionan ni parece que podrán hacerlo de la misma manera en el futuro. Esas irregularidades pueden ser de diverso tipo y magnitud y no se sabe con exactitud cuándo ni cómo se resolverán, sumiendo a la sociedad en la imprevisibilidad y la incertidumbre. Poco a poco, estos fenómenos van desordenando la vida de la gente y dificultando cualquier proyección sobre el futuro.

La política tiene el gran reto de comprender, manejar y resolver estas discontinuidades, pues sin certidumbres mínimas se hace difícil gobernar.

Pero esta tarea no suele ser fácil debido a que las crisis son el producto de múltiples factores, racionalidades y secuencias temporales. Es complicado distinguir entre sus síntomas y sus causas, algunas internas, otras externas, ni sirve de mucho buscar similitudes con otros momentos históricos pues las grandes crisis suelen estar enraizadas en las características particulares de cada coyuntura. Pero, aunque sean un tiempo de dudas e inquietudes, son también un momento de posibilidades para influir en el devenir de la sociedad sin necesidad de contar con gran poder ni esperar mucho tiempo.

Caracterizar la crisis

Por lo general, las crisis más graves suelen ser aquellas en las que se pone en cuestión aspectos críticos del modelo estatal y en particular las que están relacionadas con deficiencias profundas en la capacidad de las instituciones para gestionar los conflictos sociales o construir algún “interés común” que le aporte legitimidad a la acción estatal. Cuando algo de eso no funciona, se dice que se trata de una crisis de Estado.  

¿Cómo se puede entender la crisis que estamos viviendo?, ¿cuáles son sus rasgos determinantes?, ¿a qué procesos está asociada?, ¿cuán profunda es?, son pues preguntas relevantes. El conflicto político-electoral de fines del año pasado ha sido un primer y gran síntoma de nuestra entrada en tiempos turbulentos, ya que reveló la debilidad de instituciones democráticas clave, una gran desconfianza en el poder y la dificultad de los partidos para representar a la diversidad de intereses y expresiones que fueron emergiendo en esos días.

Todo eso desembocó en una elección muy cuestionada, la renuncia del presidente y el derrumbe de la estructura política que gobernó el país desde hace catorce años.

Pero las cosas no se quedaron ahí. Este año, la sensación de desorden se ha vuelto cada vez más presente por la lucha entre los poderes del Estado, la descoordinación entre el gobierno central y las autonomías subnacionales, las denuncias de vulneraciones de derechos humanos y la reaparición de una fuerte conflictividad social. Por si esto no fuera poco, la pandemia del COVID-19 ha revelado las deficiencias estructurales y coyunturales de un Estado que no ha logrado proteger adecuadamente a los ciudadanos y que ahora enfrenta una contracción económica inédita en la historia reciente.

Así pues, las irregularidades se están multiplicando, ya no solamente en el ámbito de la política, sino en la economía, en el desempeño del Estado o en la propia convivencia entre los diversos grupos que componen la nación. Si no estamos ya en una crisis de estado, al menos podemos, intuitivamente, decir que a este ritmo no estamos demasiado lejos de tal situación si no hacemos algo.

La tarea política

Por lo pronto, sabemos que el desarrollo de la crisis está asociado a la interacción cada vez más estrecha entre el conflicto y la polarización política que venimos cultivando desde hace varios años, las consecuencias institucionales y psicosociales no resueltas que nos dejó la crisis política del año pasado y los significativos impactos sociales y económicos de la pandemia. Cada uno de esos fenómenos tiene sus particularidades, pero aportan su lote de angustias e interrogantes, modificando la subjetividad de los ciudadanos y por tanto sus comportamientos y expectativas. Estamos bombardeados por múltiples inquietudes que se superponen entre sí, sin que sepamos con claridad cómo todo eso impactará en la gobernabilidad futura. Hay necesidad de reflexionar integralmente al respecto.

Aunque todos los países están enfrentando los impactos disruptivos de la pandemia, pocos experimentan al mismo tiempo graves problemas políticos. Esto es preocupante porque el Estado y la política se verán cada vez más solicitados para resolver esos problemas, contando siempre con recursos insuficientes para satisfacer todas las demandas. Se deberán, pues, gestionar complejos conflictos distributivos, dado que habrá que elegir a quién apoyar más o menos, apelando para eso a la paciencia y a alguna noción de interés general en los actores sociales; labor que se hace cuesta arriba sin un mínimo de confianza y legitimidad.

La otra paradoja de la coyuntura boliviana es que, pese a esa perspectiva, parecería que se insiste en apostar a la polarización más simplista como instrumento de corto plazo para conseguir el favor de las urnas, sin percatarse que las fuerzas y malestares que se están azuzando, en un lado y en el otro, serán las mismas que harán difícil gobernar y unir al país a cualquiera que sea electo el 18 de octubre.

En síntesis, descifrar la(s) crisis es urgente, para buscar salidas ordenadas. Parece que eso tendría que ver primero con una conclusión pacífica del actual proceso electoral que debería dotarnos de un gobierno con cierta legitimidad y un mandato temporal claro, y luego con una acción realista para mejorar aspectos prioritarios de la gestión institucional y de las políticas públicas. Pero eso no será suficiente para capear el temporal. La tarea más compleja e ineludible será política: reconstruir la confianza entre los diversos que coexistimos en el país y encontrar maneras pragmáticas de ponernos de acuerdo sobre ciertos objetivos comunes que fortalezcan al Estado y eviten la ingobernabilidad.

(*) Armando Ortuño es investigador social. Es economista. Trabaja temas de gobernabilidad, desarrollo humano, políticas públicas y análisis político y socioeconómico

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Ensamblar electorados plurales

La encuesta llama la atención sobre la diferenciación en los comportamientos que parece caracterizar el actual proceso electoral.

/ 19 de mayo de 2019 / 11:07

Nunca hay que olvidar la composición diversa del electorado para reflexionar sobre los escenarios de octubre. Las poblaciones urbanas representan el 70% del padrón y el resto se distribuye en localidades pequeñas y áreas rurales dispersas.

La encuesta llama la atención sobre la diferenciación en los comportamientos que parece caracterizar el actual proceso electoral: en las ciudades, la oposición aparece disputando e incluso superando a la candidatura oficialista, mientras que en los otros dos segmentos el MAS alcanza el 50%.

Por tanto, el problema que tienen que resolver ambos bloques es similar: ¿Cómo crecer significativamente en las regiones donde su adversario es más fuerte? Para imponerse, parecería que Morales tiene aún que responder a las preocupaciones urbanas.

Por el otro lado, los opositores tienen el reto de desplegar una estrategia territorial para salir del encierro urbanista. El desenlace se jugará en esos múltiples escenarios, bien diferenciados.

El sondeo muestra que la articulación de las todas las oposiciones sigue siendo una tarea pendiente. Ciertamente, Carlos Mesa parece consolidarse como el líder opositor con mayor perfil, pero la suma de los otros alcanza al no desdeñable 18%, vital para una eventual segunda vuelta.

Finalmente, la persistencia de un 16% de personas que no manifiestan sus preferencias y de las que, en verdad, sabemos muy poco, introduce una buena dosis de incertidumbre en el desenlace de octubre. Nada está pues dicho, sino que los aspirantes a la primera magistratura del Estado deberían empezar a salir de sus zonas de confort y entender que la victoria depende de que logren finalmente ensamblar y de mejor manera con la gran pluralidad nacional.  (19/05/2019)

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