sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 04:55

El Gobierno transitorio

/ 21 de octubre de 2020 / 07:31

Claves de la política económica del Gobierno interino antes y durante la pandemia

Para analizar este especial periodo de gobierno es oportuno dividirlo en dos etapas: una sin pandemia, que dura de noviembre de 2019 a febrero de 2020, caracterizada por la visible intención gubernamental de deconstruir la economía mixta heredada; y, la segunda, con pandemia, de marzo a octubre de 2020, que destaca por la creación de bonos sociales, el ajuste normativo en materia tributaria y la implementación de un direccionado plan nacional de reactivación.

En diciembre de 2019, cuando no se preveía la llegada de la pandemia al país, el Gobierno accionó la estrategia de desacreditar el desempeño de toda empresa pública, tratando de posicionar en la población la vieja idea de que “el Estado es un mal administrador”. Siguiendo esta línea discursiva, se menospreciaron proyectos nacionales de industrialización en minería, hidrocarburos y litio. El desprestigio mediático conduciría luego a un objetivo mayor: privatizar empresas públicas, reduciendo así la participación estatal en la economía nacional.

Se comenzó descalificando la gestión de empresas grandes y estratégicas como Entel y YPFB, por contribuir al pago de bonos estatales, como el Juancito Pinto. Se criticó el desempeño de las plantas separadoras de líquidos por operar por debajo de su capacidad productiva, tratándose de emprendimientos productivos en pleno desarrollo. Se arguyó bajas utilidades en empresas de mediana envergadura como Mi Teleférico, sin contemplar que, tratándose de proyectos de transporte masivo, el impacto en la calidad de vida de sus usuarios fue inmediato. Se denunció pérdidas en la empresa de trasporte aéreo BoA, que cumple una función económica y social al cubrir vuelos no necesariamente rentables. En minería, se cuestionaron bajas utilidades en la Empresa Minera Huanuni y la Metalúrgica de Vinto, siendo éstas claves para la exportación de estaño refinado. También, se argumentó insolvencia de empresas pequeñas como la ensambladora Quipus, emprendimiento destinado a generar empleo técnico.

Asimismo, se ordenó el cierre de operaciones de la Planta de Fertilizantes de Bulo Bulo, que contaba ya con producción comprometida para su exportación. Se desacreditó el desempeño de la Planta de Azúcar y Alcohol, emprendimiento agroindustrial en plena maduración. Sin muchos argumentos técnicos y legales, se disolvió la sociedad ya constituida entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para la explotación e industrialización del litio. Al mismo tiempo, se anunció que la Planta de Procesamiento del Litio trabajaba por debajo de su capacidad instalada, tratándose de un proyecto nacional en etapa experimental, clave para la explotación e industrialización mixta del mineral. Finalmente, se paralizó en su etapa final la construcción del tren eléctrico, cesando las actividades de la empresa Mi Tren; y, se congeló el proyecto del Centro de Medicina Nuclear, emprendimiento que brindaría servicios públicos en medicina nuclear contra el cáncer. 

Con la llegada de la pandemia en marzo 2020, el Gobierno diseñó una serie de medidas económicas de contención: entrega de bonos sociales, habilitación de créditos rápidos para empresas paralizadas y varias concesiones que postergaron el pago de impuestos y condonaron deudas tributarias. Es evidente que ninguna de estas medidas fue hecha para auxiliar a empresas públicas.

En abril de 2020, se comienza el pago del Bono Familia de Bs 500 y en mayo del Universal, con similar monto, llegando a beneficiar alrededor de 4,2 millones de personas. El costo para pagar los bonos estaría en alrededor de $us 300 millones. Para erogar dicho monto y cubrir gasto corriente del Estado, el Gobierno recurrió a un crédito de $us 1.000 millones de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB). A ello, se suma $us 1.400 millones, recibidos por concepto de donación internacional durante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia. Evidentemente, el pago de los bonos es una inyección rápida de dinero en la economía, estimulando el consumo familiar y contrarrestando en parte las fuerzas contractivas en la demanda agregada. Sin embrago, el diseño de los bonos no contiene filtros adecuados para llegar exclusivamente a la población más vulnerable del país, ratificando desigualdades sociales.

Se aplican medidas anti-contractivas consistentes en otorgar créditos rápidos a empresas privadas afectadas, para que puedan cubrir sueldos durante el paro. Naturalmente, el Banco Unión sería el único banco en otorgar este tipo de créditos, poniendo en riesgo de mora su cartera crediticia futura. También se aprueban normas tributarias que postergan el pago de impuestos, como el IUE (Impuesto a la Utilidad de las Empresas), y se flexibilizan tributos arancelarios a la importación de bienes de capital. Estos incentivos fiscales terminan favoreciendo solo a grandes empresas industriales del país.

La dinámica subyacente a la pandemia provocó paradójicamente que algunos sectores económicos se vean beneficiados: comunicaciones, internet, supermercados, farmacias, clínicas privadas, comercio especializado en salud, industria de alimentos (agroindustria), servicios de entrega a domicilio y la producción campesina de alimentos básicos. Los sectores medianamente afectados fueron los servicios financieros (bancos), la manufactura y la exportación de gas natural. Contrariamente, los sectores profundamente afectados resultaron ser la aviación, el turismo, la construcción, inmobiliarias, restaurantes y el transporte automotor.

Bajo este crítico escenario, el Gobierno aplicó un segundo grupo de medidas económicas contenidas en un plan nacional de reactivación del empleo de $us 2.671 millones. El plan contiene un fondo de reactivación pospandemia de $us 1.749 millones, destinado a otorgar créditos blandos a empresas de los sectores agropecuario, silvicultura, almacenamiento y transporte, industria manufacturera, construcción, actividades inmobiliarias y de alquiler; comunicaciones, turismo, hoteles y restaurantes. Los recursos del fondo provendrán de la emisión de títulos negociables de deuda del BDP y cuentan con la garantía del TGN. El BDP, por cierto, es una institución financiera mayoritariamente del Estado boliviano y minoritariamente de la CAF. Asimismo, el plan de reactivación solo contempla un pequeño fondo de $us 17 millones para el afianzamiento de la micro, pequeña y mediana empresa.

Esto pone en evidencia que la política gubernamental está deliberadamente diseñada para favorecer a la gran empresa privada y no así a las micro, pequeñas y medianas empresas.

(*) Luis Paz Ybarnegaray es economista, master en Estudios Latinoamericanos

Áñez se alineó a Trump a cambio de nada

Rogelio Mayta, el nuevo Canciller, parte de la crítica de la política exterior de la presidenta Áñez

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta

Por Iván Bustillos

/ 25 de noviembre de 2020 / 14:48

Si hubo un rasgo que distinguió al gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, ello fue el giro de 180 grados que dio la política exterior con respecto a la “diplomacia de los pueblos” ejercida por los gobiernos de Evo Morales. Para la exministra de Relaciones Exteriores de Áñez, Karen Longaric, buena parte de dicho giro (romper relaciones con Cuba y Venezuela; cerrar las embajadas en Irán y Nicaragua; dejar el Alba, Unasur y la Celac) no fue otra cosa que “desideologizar” las relaciones exteriores. No, lo que más bien hubo fue un alineamiento tras el gobierno estadounidense de Donald Trump y, lo peor, a cambio de que Bolivia sea ninguneada, critica el recientemente nombrado Canciller, Rogelio Mayta Mayta.

—En estos días, usted firmó un convenio de cooperación espacial con la Celac. Para el gobierno transitorio, la Celac no existía.

—En este tiempo es muy importante construir bloques regionales, en especial para un país como Bolivia, demográficamente pequeño, con una economía en desarrollo. Necesitamos unirnos, y en ese esfuerzo ha sido importante la iniciativa de Unasur, que fue duramente bombardeada, más que por un interés regional por posiciones ideológicas recalcitrantes, que no han pensado en la región y se han alineado a los intereses de alguna potencia extranjera. La Celac es parte de esas iniciativas,  un proceso en desarrollo y que debemos hacer esfuerzos por consolidarla. La firma de hace unos días trata de que Latinoamérica tenga cierta soberanía aeroespacial. Cada país tiene sus iniciativas por separado, tenemos que unirnos; los pocos recursos que poseemos en conjunto, en comparación con grandes potencias, tenemos que articularlos para sacar mejor provecho, en resguardo de nuestras propias soberanías. La Celac es muy importante inclusive en temas como la lucha contra el COVID-19, tiene iniciativas importantes, a las cuales a Bolivia le conviene adscribirse.

—¿Cuánto ha afectado a Bolivia este alejamiento de la Celac y otros organismos y países?

—Desde el 10 de noviembre de 2019, Bolivia ha enfrentado una situación complicada en la comunidad internacional; hubo gobiernos que no reconocían al gobierno de Áñez porque consideraban que no había una sucesión constitucional; nosotros hemos señalado que hubo un golpe de Estado, que se había roto la institucionalidad. El posicionamiento (internacional) del gobierno transitorio fue demasiado recalcitrante, en términos ideológicos; y terminó peleándose con varios países importantes en la región y enfriando las relaciones con otros importantes en el orden mundial. México tiene un peso específico en Latinoamérica y en el mundo, y el gobierno de la transición golpista tuvo un vocero [Jorge Quiroga] que vociferó contra su Presidente. Eso ha generado reacciones muy diplomáticas del Gobierno de México, pero de forma airada por parte de la población mexicana. Ellos no concebían cómo alguien insultaba a uno de los presidentes más populares del último tiempo en México. Igual pasó con Argentina, hubo impasses. El gobierno de Áñez se fue aislando solito. En escenarios como Naciones Unidas, la OEA y otros trataba de seguir alineamientos con la política de Trump, rompiendo alianzas que Bolivia había construido en años anteriores.

—En su Memoria Institucional, la excanciller Karen Longaric reivindica que su labor ha sido desideologizar la política exterior.

—El gobierno de Áñez en su política exterior ha tenido un alineamiento muy poco soberano con la política exterior del gobierno de Trump. Y Trump, como todos sabemos, ha sido un desastre, no solo para su país, sino en el terreno internacional. Realiza una ejecución extrajudicial, el asesinato del general Soleimani, de Irán; se sale de los tratados de freno del cambio climático; de los tratados sobre armas nucleares de mediano alcance, y luego de repente Trump trata de encerrarse en sí mismo, deshacerse de las relaciones internacionales y atizar una guerra comercial con China que hizo tambalear la econom

ía global. Y el gobierno de Áñez alineado ahí, y además, para colmo de males, ninguneado. Bolivia no solamente que ha tenido una posición poco soberana, sino que en ese alineamiento con Trump fue ninguneada; y eso para los bolivianos que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra ha sido indignante.

—¿O sea, no se consiguió algo a cambio?

— No. Ese alineamiento ha sido casi por nada. En la evaluación que hicimos, vimos que, por ejemplo, en comercio exterior, tratar de abrir mercados, en todo el tiempo del gobierno de Áñez, el resultado de ese trabajo ha sido cero. Pueden haber habido algunas conversaciones, pero el resultado es cero. No es, como señalan, que se ha desideologizado, ni mucho menos, sino inclusive se habían seguido algunas prácticas que no eran las más apropiadas; prefiero no entrar en detalles en relación a su política de contrataciones de funcionarios; lo único que puedo decir es que se ha reproducido males muy patentes en tiempos de los gobiernos neoliberales, donde se producían escándalos en ese ámbito.

—Estaba en tratativas la reposición de embajadores. ¿Avanzó algo en el gobierno transitorio, dada la cercanía…?

—No, contrariamente. Este periodo ha sido anodino. Llama la atención que ni siquiera en la relación con el gobierno de Trump, hacia quien uno podía advertir que existía un alineamiento, al extremo de que un confeso agente de la CIA era el asesor personal de Áñez, no hayan podido avanzar más. Se avanzó más en años anteriores. [Tras la mutua expulsión de embajadares] la relación entre Bolivia y Estados Unidos tuvo una tensión, durante un tiempo, pero se empezó a reconstruir, se negoció la posibilidad de tener un acuerdo marco que permita un relacionamiento entre nuestros Estados en base al respeto mutuo, de soberanía, pero ni siquiera ese acuerdo avanzó.

—Se dejó Unasur e inmediatamente se ingresó a Prosur (el grupo rival de Unasur).

—No fuimos parte de Prosur, en ningún momento; se participó alguna vez, como veedor, pero no ingresamos, pero tampoco es la intención hacerlo. La experiencia regional más importante fue Unasur. Lastimosamente fue torpedeada por intereses que van más allá de América del Sur, precisamente porque iba a poder convertirse en una importante representación regional que equilibre fuerzas en el marco geopolítico; ahora Unasur está debilitada; tenemos no obstante cierto nivel de acuerdos regionales, participamos del Mercosur, de la CAN, pero no hay algo tan grande y tan efectivo como se veía que podía ser Unasur.

—Chile, la relación post La Haya y bajo el mismo gobierno que lo llevó a estrados internacionales.

—Los bolivianos nunca hemos renunciado a nuestra aspiración y no vamos a renunciar a tener una salida soberana al océano Pacífico; ese es un elemento central en la relación con Chile, pero somos vecinos y tenemos un conjunto de relaciones en la cotidianidad de la vida de nuestros pueblos, y eso nos lleva a que procuremos tener una relación razonable, racional, civilizada en otros aspectos, que no hagan a éstos, que son de alta sensibilidad.

—¿Se tiene pensado hacer algo con la OEA y su informe de auditoría de las elecciones de 2019? México, senadores de Estados Unidos le han pedido a Almagro revisar dicha auditoría.

—Hay voces en el contexto internacional que han cuestionado esa auditoría; en segundo lugar, hay voces que han cuestionado y cuestionan el rol de Almagro como secretario general de la OEA. Se ha iniciado un debate ya, que debe desarrollarse en el marco de la democracia de los pueblos. Esa auditoría que realizó la OEA ha sido cuestionada por varios informes; entre ellos los que destacan más son dos, que mandaron a hacer específicamente dos grandes medios de prensa estadounidense, el New York Timesy el Washington Post; los dos descalifican y dicen que el análisis que realizó la OEA, su comisión, era errado, no tenía el fundamento necesario. Hay muchos detalles técnicos que probablemente ameriten, que más que ameriten ya han demeritado esa auditoría, como que ya no tiene valor; inclusive en la legislación boliviana eso no es susceptible de ser considerado prueba. Ahora, el rol de Almagro es un punto aparte. El secretario general de la OEA tiene un rol muy importante, el de la confiabilidad que debe transmitir a toda la comunidad de América. Es un interlocutor con todos los Estados y la organización misma; y en este momento esa confiabilidad está cuestionada. Almagro ya no es un secretario general legítimo, y eso debía hacer que el propio Almagro vaya evaluando su posición; y lo más digno para él, lo más coherente es que dé un paso al costado.

—Que renuncie.

—Que renuncie, que se aparte, porque ya le ha hecho mal a la OEA. Y en el futuro, tan cuestionado como está, como seguirá siendo, es probable que lo único que logre, si se sigue empecinando en estar como secretario general, es que afecte más a la OEA, lo que representa, la posibilidad de ser un lugar de encuentro de todos los países americanos, lo cual sería muy lamentable en un tiempo en el que necesitamos del multilateralismo, en que necesitamos estas articulaciones regionales.

—¿De parte de Bolivia no se ha considerado tomar alguna iniciativa?

—Nosotros por el momento estamos en un proceso de evaluación todavía de todo lo que nos dejó el gobierno pasado; vamos a terminar de definir una posición, pero no podemos dejar de observar la realidad, y la realidad es que en este momento la secretaría general de Almagro, más que ser un facilitador, un eje en el que converjan los diferentes Estados, ahorita es un incordio andante.

—Embajadores. Hemos estado un año sin embajadores. ¿Cuándo va a haber una lista, una propuesta?

—Estamos trabajando en eso intensamente, en una lógica un poco inicial, antes de ver los embajadores de forma apresurada. Obviamente estamos tomando los recaudos para algunos lugares estratégicos, como que están marchando, pero en el escenario integral de nuestra presencia internacional, estamos trabajando en una reevaluación rápida, en función de cómo está cambiando el mundo; en este momento, necesitamos redefinir un poco nuestra presencia; no contamos con un servicio exterior enorme, es pequeñito, pero lo poco que tengamos tenemos que utilizarlo de una forma estratégica; debemos tener una presencia más significativa en oriente, en China, en otras regiones, como Rusia. Estamos en eso, tratando de equilibrar un poco las características que deberíamos tener como embajadores en cada región, inclusive la presencia en términos cuantitativos; seremos legaciones pequeñas pero hemos de lograr la mayor eficiencia posible.

Rogelio Mayta Mayta

El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores cuenta que fue otro de los ministros entrantes que no recibió el despacho de manos de la ministra saliente (Karen Longaric); no le da importancia al hecho. Estos días estuvo ocupado en la evaluación de la anterior gestión. 

Datos

Nombre: Rogelio Mayta Mayta

Nació: El 16 de septiembre de 1971, en La Paz.

Profesión: Abogado.

Ocupación: Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Masacre de Senkata

No se ha probado que los vecinos de Senkata hayan querido volar la planta de gas; urge aclarar los hechos

/ 25 de noviembre de 2020 / 14:43

El 19 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 11 de la mañana, se inicia la masacre de Senkata. La acción militar-policial está amparada en el DS 4078 emitido por Jeanine Áñez el 14 de noviembre. Algunas tanquetas de guerra y caimanes llegan por la avenida Estructurante y los policías estaban dentro de las instalaciones de YPFB. Son más de 40 motorizados militares equipados con armamento militar, como se observa en varios videos.

En el lugar no había un gran movimiento de gente, a lo sumo 300 a 400 personas manteniendo el bloqueo en la extranca de Senkata. De pronto sale una gran cantidad de camiones cisternas cargados de combustible y se inicia la refriega y la violencia. El bloqueo era en rechazo al nuevo gobierno. Se produce disparos a mansalva con armamento letal. Aunque según el Ministro de Defensa, los militares no dispararon.

“Del ejército no salió ni un solo proyectil…Las Fuerzas Armadas tiene como primer deber hoy por hoy entablar el dialogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico… Hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tiene un carácter de terrorismo de Estado” (Fernando López).

A los motorizados militares acompañan helicópteros por aire. Éstos sobrevuelan para observar el movimiento de la gente. Algunos que estuvieron en el lugar exacto afirman que desde el aire ‘han disparado gases lacrimógenos’ y posiblemente armamento letal. La gasificación es profusa junto a los disparos de armas de fuego. Las mujeres ruegan de rodillas cubiertas de wiphalas para que no disparen más porque además están atrapados en medio de los gases. Soldados con armas de fuego y policías los rodean. Siguen gritando pidiendo auxilio. Una imagen fuerte. Los muertos fueron velados en la iglesia San Francisco de Asís de Senkata.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA es el primer organismo internacional en hablar expresamente de la masacre. Afirma:

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habrían incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas” (CIDH, 2020).

Hay nueve muertos. Meses después fallecen otros. Hay heridos, detenidos y torturados. Este último, según el informe de ITEI (Instituto de Terapia e Investigación), hasta octubre de 2020 hay oficialmente más de 50 heridos. Y algunos heridos no ha sido atendidos en los centros médicos. ITEI hace notar que en el Hospital Corea un médico habría denunciado a los heridos a la Policía. En razón de ello se afirma que muchos no han acudido a los centros médicos. Hay muchos detenidos y existe la denuncia de torturas físicas y psicológicas. ITEI documenta los tratos inhumanos. 

Una madre de 38 años declara: “Un oficial me ha interrogado. Me he puesto a temblar. No he leído mi declaración, he firmado.”

Un joven declara: “Uno hizo el movimiento de cargar su fusil. Me ha hecho temblar, me ha hecho lagrimear. Hasta ahora me despierto 4 a 5 cinco veces en la noche” (ITEI, 2020).

La Fiscalía ha imputado a varias personas con la acusación de haber sido parte del derribo de los muros de YPFB con dinamita. Aunque parece no tener mucho sentido.

“Dos lugares de la pared son derribados y también se observó fuego dentro de la planta. Segundos después se escucharon disparos de arma de fuego en la planta de Senkata, ya le habían disparado a uno de ellos. Cuando cayó el primer herido, otros manifestantes fueron a auxiliarlo, pero ya era tarde. El disparo le había llegado en el pecho. La gente enardecida entró y prendió fuego al menos a cinco coches y empezaron a caer otros muertos. Ellos vieron que sus seres queridos estaban siendo asesinados y otros no habían. Se escuchaban a muchas personas que decían ‘no aparecen sus seres queridos’. En principio se pensaba que habían ocultado los cuerpos de la gente. Y pues, no querían que se les devuelva el cadáver. Entonces la gente se enfureció” (PM). 

Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó los hechos, sostuvo: “Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos (Potosí) y tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola”. En este conflicto habría 833 heridos, 37 fallecidos incluido los casos de Montero (Santa Cruz), Betanzos (Potosí), Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). 

El fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, después de casi un año, denunció que las Fuerzas Armadas no han entregado el Plan de Operaciones de Senkata y Sacaba por considerarlo “secreto militar”. Para el diputado Borda: “se han colectado proyectiles que fueron sometidos a pericias y es necesario realizar la comparación con el armamento utilizado en esa jornada por las FFAA”; se habría accedido al plan de operaciones.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia expuso otros datos mediante un Informe. Se observa que hubo acciones sistemáticas de someter a la fuerza a ciudadanos civiles desarmados. Y muestra imágenes inéditas que hacen parte de cómo ocurrieron los hechos. Esos datos dejan notar que hubo un hecho planificado y con intención de eliminar al adversario bajo un mismo acto o patrón.

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento y habla de graves violaciones a los derechos humanos en estos hechos: “(E)ncontrados por OACNUDH donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que la munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata”. Y Amnistía Internacional (2020) recomendó al Estado boliviano actuar dentro de los marcos de la Constitución y los convenios internacionales ante la impunidad.

Para agravar, la mayoría de los medios de comunicación difunden la noticia de que los alteños querían explosionar las instalaciones de YPFB. Hoy ese dato no es comprobable. Y, pues, estamos justo a un año de la masacre.

(*) Pablo Mamani R. es sociólogo

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Fascismo 2.0: Curso intensivo

Primera lección: no reconocer el resultado electoral desfavorable, inventando sospechas de fraude

/ 25 de noviembre de 2020 / 14:40

Es imposible predecir qué va a pasar en Estados Unidos durante las próximas semanas. Hay varias preguntas cruciales en el aire que por ahora no tienen respuesta. ¿Hubo o no fraude electoral? Si lo hubo, ¿fue suficiente para invertir los resultados? ¿Será la transición de Trump a Biden una transición de Trump a Trump? ¿O una transición de Trump a un acuerdo de compromiso en el Congreso como el que, tal y como aconteció tras las disputadas elecciones presidenciales de 1876, el candidato ganador asume la presidencia con la condición de aceptar el compromiso extraelectoral? ¿Habrá violencia en las calles sea cual sea la solución, ya que cualquiera de ellas margina a una parte importante y polarizada de la sociedad? Por ahora, todo esto son incógnitas.

No obstante, hay algunas certezas muy sombrías para el futuro de la democracia. Me concentro en una. Me refiero al curso intensivo de fascismo 2.0 que Donald Trump ha impartido a lo largo de estos cuatro años a los aspirantes a dictadores, a líderes autoritarios y fascistas. El curso tuvo su momento más álgido en la clase magistral que Trump comenzó a dar desde la Casa Blanca a las 2.30 de la madrugada (hora de Washington D. C.) el pasado 4 de noviembre. El tema general del curso es “cómo utilizar la democracia para destruirla”. Se divide en varios subtemas. En este texto me referiré brevemente a los principales. Las tres primeras lecciones se refieren a las elecciones y el resto, a la política y el gobierno. El objetivo general del curso es inculcar la idea de que la democracia solo sirve para llegar al poder. Una vez en el poder, ni la gobernación ni la rotación democrática son aceptables.

1. No reconocer resultados electorales desfavorables

El tema de la clase del día 4 fue cómo rechazar los resultados electorales cuando no nos convienen, cómo crear confusión en la mente de los ciudadanos, inventando sospechas de fraude que, independientemente de los hechos (que incluso podrían existir), para surtir efecto tienen que formularse de la manera más extrema y delirante. Ya en la campaña electoral de 2016 Trump había abordado este tema y la lección había sido seguida por sus alumnos predilectos (a quienes considera amigos personales), Rodrigo Duterte de Filipinas y Jair Bolsonaro de Brasil. Este último dijo en septiembre de 2018: “No acepto un resultado diferente de mi elección”. Sin embargo, muchos de los alumnos restantes estuvieron muy atentos esa madrugada. Entre otros, Recep Tayyip Erdogan, en Turquía y, en Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que Trump considera “mi dictador favorito”, así como Narendra Modi en la India. Otro alumno atento fue Yoweri Museveni, el presidente de Uganda, que está en el poder desde 1986 y tiene la intención de volver a presentar su candidatura el próximo año. En Europa, la clase fue numerosa e incluyó a Viktor Orbán, Matteo Salvini, Marine Le Pen, Santiago Abascal y André Ventura.

2. Transformar mayorías en minorías

Cada vez que las mayorías electorales no favorecen la causa fascistizante, es urgente convertirlas en minorías sociológicas. De esta manera, las elecciones pierden legitimidad y la democracia se convierte en una maniobra de los grandes intereses económicos y mediáticos. El alumno portugués, André Ventura, aprendió esta lección más rápido que cualquier otro.  En declaraciones concedidas al diario Expresso (7-11), declaró sobre la victoria de Biden: “Me temo, sin embargo, que haya ganado la voz de las minorías que prefieren vivir a costa del trabajo de los demás”.

3. Dobles criterios

Nada de lo que es desfavorable para la causa puede evaluarse con los mismos criterios que se aplican a lo que resulta favorable. Por ejemplo, si se sabe con gran probabilidad que la gran mayoría de los votos por correo son a favor de la causa fascistizante, éstos deben considerarse no solo legales, sino especialmente recomendables en tiempos de pandemia. De lo contrario, hay que insistir en que son un instrumento de fraude que priva a los votantes del momento único de proximidad física y social a la democracia. La prueba del supuesto fraude no importa, siempre que la sospecha sea lanzada de inmediato y con la invención de estrategias fraudulentas imaginarias.

4. Nunca hay que hablar ni gobernar para el país, sino siempre y solo para la base social

Esta lección es crucial porque es la que más directamente contribuye a socavar la legitimidad de la democracia. Si la lógica es promover una corriente de opinión antisistema, no tiene sentido gobernar para quienes, a pesar de tener quejas, aún no han renunciado a verlas atendidas por el sistema democrático. Idealmente, la base social debería ser al menos del 30% y cultivar su lealtad de manera inequívoca en el tiempo, tanto en la oposición como en el Gobierno. El contacto con la base debe ser directo y permanente. La base permanecerá unida y organizada en la medida en que deje de confiar en otra fuente de información. A partir de ahí, los hechos que desmienten al líder dejan de ser relevantes. A lo largo de cuatro años, Trump fue capaz de mantener su base, como Orbán en Hungría y Modi en la India.  Lo mismo puede decirse de Bolsonaro.

La autoestima de la base social es el único servicio político serio.  Los eslóganes que invocan la autoestima y la grandeza deben reciclarse. “Make America Great Again”fue utilizado antes por Ronald Reagan. Las consignas de las dictaduras también se pueden reciclar, sobre todo porque con el tiempo éstas se fueron legitimando. El reciclaje puede ser integral (“Brasil: ámalo o déjalo”) o modificarse (en lugar de “Angola es nuestra”, “Portugal es nuestro”).

5. La realidad no existe

El líder muestra control de los hechos principalmente (1) cuando detiene la realidad supuestamente adversa, o (2) cuando, al no poder detenerla, le quita todo su dramatismo. Trump mostró el camino: detiénese la pandemia si se deja de hablar de ella, y para dejar de ser grave, basta dejar de hacer pruebas intensivas. Tener miedo a la pandemia es un signo de debilidad. Trump quiso salir del hospital con la camiseta de Superman; según Bolsonaro, tener miedo a la pandemia es cosa “de maricas”. A su vez, la pandemia se devalúa comparándola con las pandemias que generó el sistema (desempleo, pérdida de soberanía, falta de acceso a los servicios de salud, etc.) o, en versión tropical, apelando a la fatalidad de la muerte (Bolsonaro: “algún día moriremos todos”).

Como para el fascismo la mentira es tan verdadera como la verdad, cuanto más dramático sea el contraste de la invención con la realidad, tanto mejor. Ejemplos de verdades “irrelevantes”: la administración Trump aumentó en lugar de reducir las desigualdades sociales; durante la pandemia, la riqueza de los multimillonarios aumentó en 637 mil millones; en los últimos meses, 40 millones de estadounidenses perdieron sus trabajos; 250.000 murieron con COVID-19, la tasa de mortalidad más alta del mundo; la hambruna en las familias se triplicó desde el año pasado y el aumento de niños desnutridos fue del 14%; se ha levantado la moratoria sobre los desalojos y millones pueden ser lanzados a la calle. Todo lo que no se puede negar es natural o humanamente incontrolable. El altísimo número de muertes en Brasil es obra del destino y lo mismo ocurre con los incendios en la Amazonía, ya que, por definición oficial, los incendios son incontrolables y nadie es responsable de ellos.

6. El resentimiento es el recurso político más preciado

Gobernar contra el sistema es imposible, dado que parte del propio sistema es el que financia el fascismo 2.0. Por eso, es fundamental ocultar las verdaderas razones del descontento social y hacer creer a las víctimas del sistema que los verdaderos agresores son otras víctimas. La base organizada quiere ideas simples y juegos de suma-cero, es decir, ecuaciones intuitivas entre quién gana y quién pierde. Por ejemplo, el aumento del desempleo se debe a la entrada de inmigrantes, aunque sea mínima y realmente irrelevante; hay que hacer creer al trabajador blanco empobrecido que su agresor es el trabajador negro o latino aún más empobrecido que él; la crisis de la educación y de los valores se debe a la astucia de los pobrecillos que, gracias a los “empresarios de los derechos humanos”, tienen más derechos, sean mujeres, homosexuales, gitanos, negros, indígenas. No faltan chivos expiatorios; solo es necesario saber cómo elegirlos. Ésta es la habilidad máxima del líder fascista.

La política del resentimiento requiere, además de chivos expiatorios, teorías de la conspiración, demonización de los oponentes, ataque sistemático a los medios de comunicación, a la ciencia y a todo el conocimiento que invoque una pericia especial, la incitación a la violencia y el odio para eliminar argumentos, la auto-glorificación del líder como único defensor confiable de las víctimas.

7. La política tradicional es el mejor aliado sin saberlo

Desde el momento en que la alternativa socialista desapareció del escenario político, la política perdió credibilidad como ejercicio de convicciones. Ese momento coincidió con el fortalecimiento del neoliberalismo como nueva versión del capitalismo. Esta versión, una de las más antisociales de la historia del capitalismo, provocó la destrucción o erosión de las políticas de protección social y de las clases medias donde existían, la creciente concentración de la riqueza y la aceleración de la crisis ecológica. Los va

lores liberales de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad) fueron perdiendo sentido para la gran mayoría de la población, que se considera abandonada, marginada, sea cual sea el partido en el poder. Con el descrédito de los valores liberales, perdieron sentido las ideologías democráticas asociadas a ellos, como la convivencia pacífica, el respeto a los adversarios políticos, la moderación y contradicción en la argumentación, la rotación del poder, el acomodo y la negociación. Estos valores e ideologías, que siempre han correspondido a la experiencia práctica de solo una pequeña porción de la población, son ahora basura histórica que hay que barrer. El vacío de los valores permite tanto el desprecio por la verdad como la imposición de valores alternativos, como la prioridad de la familia, la jerarquía de razas, el nacionalismo étnico-religioso, el mito de la edad de oro, aunque el pasado haya sido, en realidad, de plomo. Este es el caldo de cultivo para la cultura de la polarización.

8. Polarizar, polarizar siempre

El centrismo político murió y solo la radicalización compensa. En las circunstancias actuales, la polarización siempre refuerza a la derecha y a la extrema derecha. La polarización ya no es entre izquierda y derecha. Es entre el sistema (deep state) y las mayorías desheredadas, entre el 1% y el 99%. Esta polarización fue intentada en los últimos años por la izquierda institucional y extrainstitucional, pero alguna de ellas acabó sometiéndose servilmente a las instituciones. Cuando se rebeló, fue neutralizado. Esto no le puede pasar al fascismo 2.0 porque sencillamente, lejos de estar en contra del 1%, es financiado por él. La polarización contra el 1% es meramente retórica y pretende disfrazar la verdadera polarización, entre la democracia y el fascismo 2.0, para que el fascismo prevalezca democráticamente.

La vieja derecha piensa que domestica a la extrema derecha, pero, de hecho, sucederá lo contrario. Un ejemplo portugués: el partido de centro derecha, PSD (Partido Social Demócrata), está dispuesto a asociarse con el partido Chega, de extrema derecha, “si éste se modera”. Respuesta inmediata del líder de Chega: no es Chega el que se va a moderar, es el PSD el que se va a radicalizar. En este caso, el aprendiz del fascismo 2.0 es el mejor profeta de la época.

(*) Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología, portugués (**)

(**) Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Canciller Rogelio Mayta: Áñez se alineó al gobierno de Trump a cambio de nada

La nueva autoridad, en entrevista exclusiva, explica las pautas de la política exterior en el gobierno de Luis Arce Catacora, a diferencia de lo sucedido en el mandato transitorio de Jeanine Áñez.

Foto: José Lavayén

/ 22 de noviembre de 2020 / 08:33

Si hubo un rasgo que distinguió al gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, ello fue el giro de 180 grados que dio la política exterior con respecto a la “diplomacia de los pueblos” ejercida por los gobiernos de Evo Morales. Para la exministra de Relaciones Exteriores de Áñez, Karen Longaric, buena parte de dicho giro (romper relaciones con Cuba y Venezuela; cerrar las embajadas en Irán y Nicaragua; dejar la ALBA, Unasur y la Celac) no fue otra cosa que “desideologizar” las relaciones exteriores. No, lo que más bien hubo fue un alineamiento tras el gobierno estadounidense de Donald Trump y, lo peor, a cambio de que Bolivia sea ninguneada, critica el recientemente nombrado canciller, Rogelio Mayta Mayta.

—En estos días, usted firmó un convenio de cooperación espacial con la Celac. Para el gobierno transitorio, la Celac no existía.

—En este tiempo es muy importante construir bloques regionales, en especial para un país como Bolivia, demográficamente pequeño, con una economía en desarrollo. Necesitamos unirnos, y en ese esfuerzo ha sido importante la iniciativa de Unasur, que fue duramente bombardeada, más que por un interés regional por posiciones ideológicas recalcitrantes, que no han pensado en la región y se han alineado a los intereses de alguna potencia extranjera. La Celac es parte de esas iniciativas,  un proceso en desarrollo y que debemos hacer esfuerzos por consolidarla. La firma de hace unos días trata de que Latinoamérica tenga cierta soberanía aeroespacial. Cada país tiene sus iniciativas por separado, tenemos que unirnos; los pocos recursos que poseemos en conjunto, en comparación con grandes potencias, tenemos que articularlos para sacar mejor provecho, en resguardo de nuestras propias soberanías. La Celac es muy importante inclusive en temas como la lucha contra el COVID-19, tiene iniciativas importantes, a las cuales a Bolivia le conviene adscribirse.

—¿Cuánto ha afectado a Bolivia este alejamiento de la Celac y otros organismos y países?

—Desde el 10 de noviembre de 2019, Bolivia ha enfrentado una situación complicada en la comunidad internacional; hubo gobiernos que no reconocían al gobierno de Áñez porque consideraban que no había una sucesión constitucional; nosotros hemos señalado que hubo un golpe de Estado, que se había roto la institucionalidad. El posicionamiento (internacional) del gobierno transitorio fue demasiado recalcitrante, en términos ideológicos; y terminó peleándose con varios países importantes en la región y enfriando las relaciones con otros importantes en el orden mundial. México tiene un peso específico en Latinoamérica y en el mundo, y el gobierno de la transición golpista tuvo un vocero [Jorge Quiroga] que vociferó contra su Presidente. Eso ha generado reacciones muy diplomáticas del Gobierno de México, pero de forma airada por parte de la población mexicana. Ellos no concebían cómo alguien insultaba a uno de los presidentes más populares del último tiempo en México. Igual pasó con Argentina, hubo impasses. El gobierno de Áñez se fue aislando solito. En escenarios como Naciones Unidas, la OEA y otros trataba de seguir alineamientos con la política de Trump, rompiendo alianzas que Bolivia había construido en años anteriores.

—En su Memoria Institucional, la excanciller Karen Longaric reivindica que su labor ha sido desideologizar la política exterior.

—El gobierno de Áñez en su política exterior ha tenido un alineamiento muy poco soberano con la política exterior del gobierno de Trump. Y Trump, como todos sabemos, ha sido un desastre, no solo para su país, sino en el terreno internacional. Realiza una ejecución extrajudicial, el asesinato del general Soleimani, de Irán; se sale de los tratados de freno del cambio climático; de los tratados sobre armas nucleares de mediano alcance, y luego de repente Trump trata de encerrarse en sí mismo, deshacerse de las relaciones internacionales y atizar una guerra comercial con China que hizo tambalear la economía global. Y el gobierno de Áñez alineado ahí, y además, para colmo de males, ninguneado. Bolivia no solamente que ha tenido una posición poco soberana, sino que en ese alineamiento con Trump fue ninguneada; y eso para los bolivianos que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra ha sido indignante.

—¿O sea, no se consiguió algo a cambio?

— No. Ese alineamiento ha sido casi por nada. En la evaluación que hicimos, vimos que, por ejemplo, en comercio exterior, tratar de abrir mercados, en todo el tiempo del gobierno de Áñez, el resultado de ese trabajo ha sido cero. Pueden haber habido algunas conversaciones, pero el resultado es cero. No es, como señalan, que se ha desideologizado, ni mucho menos, sino inclusive se habían seguido algunas prácticas que no eran las más apropiadas; prefiero no entrar en detalles en relación a su política de contrataciones de funcionarios; lo único que puedo decir es que se ha reproducido males muy patentes en tiempos de los gobiernos neoliberales, donde se producían escándalos en ese ámbito.

—Estaba en tratativas la reposición de embajadores. ¿Avanzó algo en el gobierno transitorio, dada la cercanía…?

—No, contrariamente. Este periodo ha sido anodino. Llama la atención que ni siquiera en la relación con el gobierno de Trump, hacia quien uno podía advertir que existía un alineamiento, al extremo de que un confeso agente de la CIA era el asesor personal de Áñez, no hayan podido avanzar más. Se avanzó más en años anteriores. [Tras la mutua expulsión de embajadares] la relación entre Bolivia y Estados Unidos tuvo una tensión, durante un tiempo, pero se empezó a reconstruir, se negoció la posibilidad de tener un acuerdo marco que permita un relacionamiento entre nuestros Estados en base al respeto mutuo, de soberanía, pero ni siquiera ese acuerdo avanzó.

(Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa de este domingo, en el suplemento Animal Político)

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La tarea ahora es pacificar el país

Lo que impide concertar, dicen los expertos, es alentar los radicalismos, olvidando el bien común del país

Por Iván Bustillos

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:38

El nuevo gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo han dicho el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca en sus discursos de posesión, ante todo buscará concertar, “sanar las heridas”, pacificar el país, en fin de cuentas. El MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como ya se dijo, solo tiene mayoría absoluta (50% más 1), y pese a que sustituyó los dos tercios de votación por la mayoría absoluta en el debate parlamentario (y en el ascenso de los altos jefes de las FFAA y la Policía, y la designación de embajadores), para algunas decisiones clave (pocas, pero importantes), tendrá que concertar.

¿Cómo lograrlo? Al margen de las consideraciones estrictamente políticas (lo que debiera hacer como partido), existe todo un desarrollo teórico y práctico sobre la conflictividad y cómo arribar a acuerdos; un desarrollo de “técnicas de negociación” que no es menor, pues surge de experiencias bien concretas, como, por ejemplo, los procesos de paz para frenar conflictos armados.

EXPERTOS

Ofrecemos a continuación la reflexión sobre la actual conflictividad boliviana de tres expertos en conflictos, aprovechando su reunión virtual en un curso de diplomado: el antropólogo y cientista político guatemalteco Carlos Sarti, director de la Fundación Propaz (organismo que promueve la cultura de paz en el país centroamericano que sufrió una guerra interna de 36 años, de 1960 a 1996); el abogado-mediador, especialista en gestión de conflictos sociales, y ex Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, argentino Alejandro Nató; y, el comunicador social, sociólogo y conflictólogo boliviano César Rojas Ríos. P

ara la pacificación del país, tras los traumáticos hechos de octubre noviembre de 2019, la pandemia, la crisis económica que trajo ésta y la problemática gestión del gobierno transitorio, sin duda el primer gran paso fueron las elecciones del 18 de octubre. El problema ahora es cómo salieron de las mismas las fuerzas contendientes, sociales y políticas, o, dicho de otro modo, cuánto realmente logró aplacar la elección la conflictividad en el país.

RESULTADO

Una muestra de que los comicios no sirvieron de mucho para ciertos sectores, fueron, por ejemplo, las movilizaciones contra el resultado de la elección, arguyendo ‘fraude’ sin más “pruebas” que supuestos.

Para el boliviano Rojas Ríos, “hay dos hechos de cara a la conflictividad: el MAS asume el gobierno con un pasado de 14 años en el poder, positivo para sus partidarios, negativo para sus detractores; y Arce-Choquehuanca tomarán el gobierno en medio de una recesión económica y pandemia que se alimentan mutuamente”. En lo primero, dice, masistas y no masistas “están instalados en una percepción selectiva, donde cada parte se reparte la realidad negándose a ver todo el panorama, lo que dificulta los puntos de consenso”.

Esto es, por ejemplo, que la posibilidad de diálogo o concertación se podrá materializar solo cuando de ambos lados haya un reconocimiento crítico de las luces y sombras del gobierno del MAS de 14 años; en nada ayuda, pongamos, la clásica estigmatización de los “14 años de corrupción, de autoritarismo”, muy frecuente por parte de la oposición al MAS durante la campaña electoral; y, del otro lado, que el proceso de cambio fue todo revolución sin peros.

Y en lo segundo, Rojas advierte que “cuando la economía está bien, los actores políticos y sociales permanecen estables y todo se hace previsible, pero cuando está mal y prosigue agravándose (esto es crucial), los actores políticos y sociales reevalúan sus alineamientos, las alianzas resultan espurias y el escenario se torna inestable. Nada resulta definido y definitivo. Hasta las lealtades y apoyos más sólidos pueden desvanecerse en el aire”. Estos dos hechos, apunta, “se deberán tomar con pinzas, pues para el nuevo gobierno será como caminar sobre vidrios rotos”.

¿Cuáles pueden ser los focos de tensión del nuevo Gobierno?

Para el guatemalteco Sarti, el gobierno del MAS desarrollará su gestión “en una coyuntura estratégica de alta tensión”, que se inicia en 2019 y continuará durante su administración. “La victoria del MAS diluye la fase crítica y legitimará al nuevo Poder Ejecutivo, pero las corrientes polarizadas siguen, y seguirán actuando y definiendo nuevas fases de la conflictividad. El abrumador triunfo del MAS no soluciona la conflictividad histórica, ni la derivada de los enfrentamientos 2019-2020, que hace emerger nuevo espacios y temas de confrontación (discurso del odio, racismo, uso de símbolos religiosos y otros)”.

Para el antropólogo centroamericano, hoy día en el país hay dos “focos articuladores de tensión”: el primero, la tensión entre el Gobierno y la ciudadanía. “A pesar de la legitimidad que da haber triunfado en primera vuelta y con el porcentaje que lo hizo, el nuevo Gobierno debe hacer una propuesta y un plan de gobernanza del país. La expectativa ciudadana sobre el nuevo Gobierno es positiva, pero satisfacer las demandas de diversos sectores en un solo proceso generará tensiones, desacuerdos y, eventualmente, conflictos. Se trata de la difícil tarea de construir hegemonía en condiciones de crisis y crispación social”.

SECTORES

Y la segunda tensión: la relación entre el nuevo Gobierno, el MAS y los sectores populares. “El nuevo Gobierno debe orientarse por las visiones y las estrategias actuales del MAS y actualizar el espíritu y los postulados fundantes de la ‘revolución democrática y cultural’. Esperamos que en esta confrontación política e ideológica prevalezca la sensatez, tanto en el Gobierno como en la dirección del MAS. La figura del vicepresidente (Choquehuanca) resulta clave, y debería ser el articulador de la relación partido-Gobierno”.

Un punto importante de esta tensión, señala el estudioso guatemalteco, y que ya lo está viviendo el Gobierno con el pedido de El Alto de hasta tres ministerios por haberle dado el triunfo al MAS en esa ciudad con 78% de la votación, “es la conciencia de los sectores sociales de ser los artífices de la resistencia al golpe y de la victoria electoral. Ejercerán control político sobre el Gobierno, a partir de su autogestión y autonomía, que profundizarán en esta nueva etapa. Esta es la veta clasista de la conflictividad”. 

El ex defensor del pueblo de Buenos Aires Nató añade que la presión de la crisis económica es central en la conflictividad: “La necesidad de obtener recursos puede llevar al Gobierno al dilema de encontrarse exigido para viabilizar la expansión de la frontera agroganadera y el extractivismo, lo que podría  representar una importante contradicción con los postulados de la protección a lo socio-ambiental y al vivir bien”.

Tampoco es de desdeñar, insiste, “el resquebrajamiento del tejido social a partir de las diferentes polarizaciones: entre las áreas rurales y las urbanas; en la  política que devino de un proceso electoral —con mucha ebullición— de más de un año de duración; y, en los vínculos interpersonales, con la presencia de determinados sectores radicalizados, poseedores de narrativas de enfrentamiento, odio y racismo”.

Rojas Ríos añade que “la recesión económica puede tratarse de un brebaje letal, si no se revierte la tendencia; o puede ser un brebaje vitaminizador, si se logra retomar el crecimiento económico”. En cuanto a la actual polarización, destaca, “se trata de un fenómeno bicéfalo y ambidiestro, dos polos con miradas contrapuestas que, en cuanto pueden, se agreden. Este es un fenómeno desestabilizador y tóxico que mi país debiera dejar atrás”.

Por esto, el comunicador y sociólogo boliviano afirma que para llegar a concertar es imperioso “un viaje al corazón de los extremos; allí anidan por igual falsedades, equivocaciones, verdades parciales y anhelos legítimos; se trata de erradicar las falsedades, reconocer las equivocaciones, complementar las verdades y valorar los anhelos legítimos”.

Desde otro punto de vista, se debe “pasar del dato electoral (55%/45%) al hecho político: en Bolivia tenemos dos bloques, y el arte de la política consistirá en buena cuenta en saber modular ese balance de poder sin convertirlo en una medición de fuerzas. Esto significa desradicalizar posiciones y saber calibrar las iniciativas políticas tanto desde el Gobierno como desde la oposición”.

POLARIZADOS

Ya desde la técnica de la resolución de conflictos y de las posibilidades que da la reciente crisis política, Sarti afirma que “un primer paso es analizar el debate polarizado, para determinar los sectores clave, sus discursos articuladores y las tensiones históricas y coyunturales. Este conocimiento es fundamental para trazar las estrategias de desescalamiento de las conflictividades”.

La mayor conflictividad boliviana hoy es la “sociopolítica, exacerbada por la crisis de 2019-2020”, apunta el académico guatemalteco. “Ante esta crisis de enfrentamiento entre proyectos de país diverso, es necesario trabajar en despolarizar posiciones y hacer prevalecer el bien común. Trabajar en la erradicación del discurso del odio, del racismo y fortalecer el debate democrático. El nuevo Gobierno debe tener un gabinete de gobernabilidad democrática para gestionar, desescalar, resolver y transformar conflictos y conflictividades”.

Por otra parte, completa, “los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, deben generar espacios de diálogo y acciones públicas para la generación de confianza intersectorial”. 

Para el abogado-mediador argentino Nató, el desafío es tanto para el Gobierno como para los partidos opositores: “Es necesario deconstruir la imagen del enemigo, tender puentes para la integración de sectores que pretenden ser incluidos en la agenda pública, y apostar a la gobernabilidad en consensos que no impliquen puntos de llegada, sino puntos de partida para la apertura de múltiples procesos donde se puedan gestar apropiaciones recíprocas y sinergias para elaborar políticas públicas. Los actores que fueron parte de la contienda electoral deben dejar de lado sus inercias de confrontación”.

CONVIVENCIA

Esta tarea de pacificación requiere, insiste Nató, de un Estado articulador que promueva “la despolarización y la convivencia en todas sus expresiones. En la elaboración de lo común se pueden incluir a movimientos sociales, medios de comunicación, actores sociales y políticos en función de iniciativas, programas y acciones”.  

A fin de frenar la espiral negativa de conflictos, añade el abogado argentino, es fundamental “evitar alterar el orden institucional por la fuerza de la asimetría de poder y establecer nuevas dinámicas de construcción de confianza entre oficialismo y oposición, que garanticen reglas de juego consensuadas y estables”.  Para el conflictólogo Rojas Ríos, finalmente, es imprescindible trabajar en una amplia “terapia colectiva”, luego del periodo traumático que empezó en octubre de 2019 y concluyó con las elecciones.

Primero, dice, las palabras y hasta los gestos del  Gobierno y la oposición son decisivos, “pues todos están con una piel social hipersensibilizada, y en ese sentido, la señal de la modificación de los dos tercios resulta siendo una mala señal que irrita la piel de la oposición, así como tocar las puertas de los cuarteles también crispa a la del MAS”.

Segundo, “la legitimidad en democracia es poder y un poder sin legitimidad, en el tiempo de las redes sociales, resulta más precario, conflictivo y efímero que nunca”.

Tercero, “el nuevo Gobierno debe evitar que los problemas se conviertan en conflictos, los conflictos en crisis y las crisis en catástrofes”.

 Y, cuarto, que es vital, “la única cuerda que nos mantiene atados a los bolivianos es la democracia, si desatamos la democracia abriremos la caja de los truenos. No habremos dado un paso adelante, sino dos atrás, por tanto, todos debemos cuidarla como nuestro don más preciado”.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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